WASHINGTON. Representantes del gobierno de México y de familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala buscarán concretar mañana jueves ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la integración de un grupo de expertos que complemente y valide la investigación del caso.
El subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Manuel Gómez Robledo, informó que la propuesta fue hecha por representantes de los familiares y aceptada por la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República (PGR).
Sería “un grupo con probada calificación técnica que lleve a cabo una serie de diligencias, peritajes y dictámenes que permitan comprobar la seriedad y el profesionalismo de las actuaciones que se han llevado a cabo”, dijo Gómez Robledo en entrevista.
El funcionario explicó que el grupo de expertos —cuyos integrantes podrían pertenecer a instancias internacionales— sería valorado entre representantes de los familiares, la CIDH y el gobierno mexicano.
“Esto es un complemento a lo que hace el Estado y en modo alguno exime al Estado de hacer lo que le corresponde hacer”, agregó el diplomático mexicano, quien señaló que se ha aceptado una medida similar para el caso de la activista mexicana Digna Ochoa.
Aún antes de la propuesta, México había solicitado el acompañamiento del equipo forense argentino, de tal forma que el nuevo grupo de expertos tendría un carácter complementario, abundó.
La reunión de familiares de las víctimas había sido programada para el miércoles pero fue aplazada para el jueves por la noche en la sede de la CIDH, con motivo del encuentro que sostuvieron este miércoles con el presidente Enrique Peña Nieto en la Ciudad de México.
Gómez Robledo precisó que durante el encuentro el gobierno mexicano expondrá asimismo las acciones de cumplimiento en relación con las medidas cautelares otorgadas por la CIDH el pasado 3 de octubre en relación con la desaparición de los 43 estudiantes.
La CIDH pidió la adopción de las medidas necesarias para determinar la situación y el paradero de los estudiantes, a fin de proteger sus derechos a la vida y a la integridad personal, así como de los heridos, además de informar sobre las investigaciones en curso.
Gómez Robledo sostuvo que el gobierno mexicano ha cumplido con la petición de la CIDH en la medida que avanza la pesquisa.
“Lo que quiere el gobierno de la República es esclarecer los hechos y propiciar el derecho a la verdad, del que se deriva el derecho a la justicia”, señaló.
El diplomático mexicano señaló que si se comprueba y acredita que agentes del Estado, de la jerarquía que sea, incluidos funcionarios locales, estatales o federales, tuvieron participación en la desaparición, “evidentemente hay una responsabilidad del Estado de conformidad con sus obligaciones”.
Señaló que ello implicaría una serie de “deberes de reparación”, el primero de los cuales es el derecho a la verdad, así como una disculpa pública, entre otras acciones.
“Por eso podemos acreditar con total contundencia que la apertura y la transparencia del gobierno de la República han sido totales”, aseguró el experto en derecho internacional, quien dijo que en todo momento se mantendrá informada a la CIDH del curso de la investigación.
En la reunión con la CIDH participará la delegación mexicana, que incluye al propio Gómez Robledo, a la subsecretaria mexicana de Gobernación, Lía Limón, y a la encargada de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, Eliana García.
Por los peticionarios participan el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
El encuentro de mañana jueves sobre el caso Iguala será precedido de cinco audiencias temáticas sobre México en el marco del 153 periodo ordinario de sesiones de la CIDH.
La primera audiencia fue solicitada por el Estado mexicano y examinará el Programa Nacional de Derechos Humanos de México, con la participación de la delegación mexicana y de organizaciones de derechos humanos.
Las otras audiencias fueron solicitadas por grupos mexicanos independientes. Una abordará denuncias sobre la destrucción de la herencia bicultural de México por la construcción de mega proyectos de desarrollo.
Otra audiencia será dedicada a la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado en México, mientras una más será sobre denuncias de impunidad por graves violaciones de derechos humanos.
Finalmente una quinta audiencia se centrará en el tema de los derechos humanos y la protesta social de México.
MG
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