ROMA. El presidente de la República italiana, Giorgio Napolitano declaró como testigo en el juicio que pretende aclarar si el Estado emprendió una negociación con la mafia siciliana (la Cosa Nostra) en la década de los noventa del siglo XX.

 

 
En el inusual interrogatorio Napolitano contestó a todas las preguntas que se le hicieron, según la presidencia de la República, aunque algunos abogados presentes dijeron que se negó a responder a algunas.

 

Durante el tiempo que Napolitano declaró en el Palacio del Quirinal, sede de la jefatura del Estado, no se mencionó la palabra “negociación”, según coincidieron en afirmar algunos de los presentes, en total unas cuarenta personas, en una comparecencia a puerta cerrada que mereció una gran atención mediática.

 

El abogado que representaba al Ayuntamiento de Palermo, Giovanni Airò Farulla, explicó a los medios italianos que Napolitano aseguró que nunca supo en aquellos años, cuando era presidente de la Cámara de los Diputados, de los supuestos acuerdos entre el Estado y Cosa Nostra para detener los atentados.

 

Napolitano también respondió a las últimas revelaciones sobre que la mafia siciliana preparaba un atentado contra él, al asegurar que “no se sintió mínimamente turbado” ante esta posibilidad ya que “era algo que formaba parte de su cargo institucional”, según explicó Nicoletta Piergentile, abogada de uno de los imputados, el ex ministro de Interior entre 1992 y 1994, Nicola Mancino.

 

Por su parte, Basilio Milio, defensor del también imputado Mario Mori, general de los Carabineros, explicó que aunque él no intervino por “respeto institucional”, Napolitano respondió a todas las preguntas y en ningún momento rechazó contestar.

 

Según otros letrados, Napolitano nunca pronunció durante su interrogatorio la palabra “negociación” y sobre la carta de su asesor jurídico Loris D’Ambrosio, una de las pruebas, explicó que “nunca le dijo de qué acuerdos impronunciables” se trataba y que nuca supo los motivos que turbaban tanto a su colaborador.

 

También estaba presente Luca Cianferoni, abogado de Toto Riina, el sanguinario jefe de Cosa Nostra autor y cerebro de los atentados de aquellos años, quien explicó que Napolitano se ha definido como “un espectador” de todo este asunto y que durante sus respuestas defendió “la memoria de Loris D’Ambrosio”.

 

El Tribunal de Palermo admitió la petición de la fiscalía de llamar a declarar a Napolitano como testigo después de que salieron a la luz algunas conversaciones que mantuvo con uno de los imputados, el ex ministro de Interior entre 1992 y 1994, Mancino, y con D’Ambrosio.

 

La magistratura intervino los teléfonos y grabó las conversaciones de Mancino con Napolitano y D’Ambrosio, aunque estas después fueron destruidas al considerarlas ilegales pues el presidente de la República está amparado por la inmunidad.

 

Pero aún quedan como prueba en este proceso una carta, sobre la que ayer fue preguntado Napolitano, y que D’Ambrosio le escribió poco antes de morir y en la que, entre otras cosas, decía estar bastante preocupado “por haber sido considerado solo un ingenuo y útil escribano para servir de escudo para pactos de los que no se podía hablar”.

 

En el proceso que se está celebrando en Palermo se sientan en el banquillo miembros del gobierno y de las fuerzas del orden junto con los jefes mafiosos de aquellos años.

 

El pasado fin de semana la prensa reveló documentos relacionados con esa presunta “negociación”.

 

 
Según el diario La Repubblica, los servicios secretos apuntaron a la existencia de un pacto Estado-mafia en un documento fechado el 20 de agosto de 1993 en el que se menciona el término “trattativa” (negociación).

 

Corriere della Sera, por su parte, publicó una carta enviada por el comandante de los Carabineros Antonio Viesti a la dirección de los servicios secretos en la que se lee su advertencia del “serio peligro” que corría en su opinión el juez Paolo Borsellino, asesinado poco después.

 

En la carta su autor informaba de que sus servicios habían conseguido detectar que “Cosa Nostra” pretendía crear “un clima de grave intimidación sobre los políticos italianos para desactivar el compromiso contra la criminalidad”.

 

La misiva por lo tanto describía el clima de chantaje a las instituciones que propició supuestamente la aparición de la supuesta negociación entre el Estado y la mafia.