WASHINGTON. El gobierno de México reafirmó hoy ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) que no descansará hasta aclarar los hechos en Tlatlaya y Ayotzinapa, castigar a los responsables y atender a las víctimas.
“Que el dolor que hoy nos embarga sirva de impulso para hacer los cambios que el país demanda para garantizar el pleno respeto a los derechos humanos”, dijo ante los comisionados y representantes de los familiares la subsecretaria mexicana de Gobernación, Lía Limón.
“Quisiera enfatizar la determinación que tiene el gobierno de México de enfrentar estos hechos y asumir los retos para brindar seguridad y justicia a todas las personas, desde una óptica de derechos humanos”, añadió.
La audiencia sobre el Programa Nacional de Derechos Humanos fue solicitada por México antes de los incidentes en el Estado de México y Guerrero, pero la delegación mexicana destacó la importancia de usar la oportunidad para informar a la CIDH sobre la investigación en curso.
El pasado 3 de octubre la CIDH emitió medidas cautelares en relación con los sucesos de Iguala (Guerrero), para determinar la situación y el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos a fin de de proteger sus derechos a la vida y a la integridad personal.
La subsecretaria Limón reiteró en tal sentido la solicitud de asistencia técnica por parte de la CIDH y expresó su expectativa de definir sus términos a la brevedad.
“Nuestro país está viviendo un momento que pone a prueba avances normativos y la fortaleza institucional en materia de derechos humanos, y obliga a las autoridades a tomar medidas para erradicar definitivamente hechos de esta naturaleza”, reconoció Limón.
Durante la audiencia, representantes de varias organizaciones que solicitaron intervenir en la audiencia leyeron los nombres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en el municipio de Iguala.
De igual modo solicitaron un minuto de silencio en memoria de los seis estudiantes que fueron asesinados durante los hechos en la comunidad de Ayotzinapa, Guerrero.
La petición fue observada por todos los presentes en la sala Padilha Vidal de la sede de la CIDH, incluyendo la delegación del gobierno mexicano.
Los grupos criticaron la situación de derechos humanos en México y reiteraron su solicitud para que la comisión en pleno realice una visita ´in situ´ a México para allegarse información sobre la situación de los derechos humanos en general.
En su turno, el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Manuel Gómez Robledo, rechazó que sucesos como los de Ayozinapa y Tlataya respondan a una política de Estado, como acusaron los grupos.
“Es falso que haya una política de violación de derechos humanos, hay desafíos inmensos, pero no hay una política de Estado de violación de derechos humanos”, enfatizó Gómez Robledo.
A su vez, el comisionado James Cavalaro, relator para México, hizo notar que uno de los retos que el país enfrenta con estos hechos “es el contraste entre la buena voluntad de las autoridades federales y la acción de distintas autoridades a nivel estatal”.
Por su parte, el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, apuntó que los hechos de Iguala “pone a discusión el tema del uso de la fuerza por parte de las fuerzas del orden público”.
En entrevista por separado, Alvarez Icaza dijo que será hasta el lunes, al término de una reunión de evaluación, cuando el pleno de la comisión determine el curso de acción sobre la petición para realizar una visita a México.
La CIDH celebra cinco audiencias públicas temáticas sobre la situación de los derechos humanos en México, además de un encuentro sobre la situación específica de los sucesos en Ayotzinapa. DM
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