Los juicios de valor en torno a la llamada reforma energética van y vienen en diversos foros y en los análisis mediáticos. El gobierno federal tiene instrumentado un gran despliegue de comunicación a distintos niveles al interior del país y en el extranjero en torno a las “buenas nuevas” asociadas al nuevo marco legal de las industrias del petróleo, gas y electricidad.
Desde que se dictaminó la reforma energética, funcionarios, consultores y especialistas de toda índole hablan sobre las bondades futuras en torno al dinamismo financiero, empresarial, laboral y económico a niveles municipal, estatal y federal del nuevo marco legal de este sector, pero hay algunos puntos que se dejan de lado.
Por ejemplo ¿qué señales ha dado el país al mundo inversionista en torno a un plan de inversión pública y privada en el desarrollo de infraestructura logística? Es decir, ductos para que los jugadores que sacarán petróleo y gas del suelo y mar puedan transportar esos energéticos del punto A al punto B.
Otro tema, ajeno al sector energético pero clave para cualquier apuesta industrial, es el asociado a la corrupción y a la inseguridad.
Aparentemente el marco legal energético efectivamente establece mecanismos de transparencia que dificulta el tema de corrupción en un primer tiempo, que es el de la adjudicación de licitaciones, establecimiento de inversiones, desarrollo de infraestructura industrial… ¿pero qué pasará cuando la empresa que apostó al sector energético mexicano empiece a operar y descubra necesidades especificas asociadas a la logística, transmisión y distribución?
Otro tema es el de la inseguridad y la falta de un Estado de Derecho. A la luz de los acontecimientos nacionales que acaparan los titulares de la prensa institucional la percepción es que en México no existe la certidumbre jurídica mínima que permita a los inversionistas calcular costos asociados a riesgos.
Es lamentable tenerlo que reconocer pero en México existen grupos ejidales que podrían, atizados por los intereses de diversas fuerzas políticas y poderes fácticos, tirar proyectos de exploración alegando la propiedad de una tierra que al momento es improductiva en todos sentidos.
Asimismo, cada vez es más evidente cómo el cinturón de pobreza en México fue hábilmente administrado por el crimen organizado. Grupos paramilitares, narcotráfico, guerrilla… grupos armados que tienen control evidente de diversas regiones del país, como el corredor del Golfo.
Y ese control se extiende hasta la autoridad o las estructuras del poder a través del soborno, de la infiltración, de la impunidad, de la corrupción… ¿un “Estado de Derecho”que permite todo esto es atractivo para la inversión extranjera?
México ha sido alcanzado por el tiempo. Históricamente las estructuras de poder no solamente conservaron sino que fomentaron el crecimiento de la pobreza y la ignorancia como una forma de control y legitimación de la autoridad y una forma de gobierno.
Históricamente el poder se ha caracterizado por saquear al país y propinar una carretada de abusos y excesos en perjuicio de los mexicanos. Históricamente los mexicanos, debido a su baja educación y apertura cultural, lo han permitido y la consecuencia de todo ello es un Estado de Derecho infartado.
Hoy México tiene necesidades de evolución en diversos frentes para su desarrollo económico como país. Lamentablemente su realidad social será el principal obstáculo.
Los partidos políticos con voz y voto en el Congreso de la Unión han sido los grandes responsables del fomento de la pobreza, del aumento de la inseguridad y tejedores de las redes de complicidades que hacen de la impunidad el anticoagulante perfecto para el sangrado permanente de la corrupción.
El mundo está desarrollando mejores prácticas corporativas y estándares de cumplimiento que garantizan transparencia financiera empresarial. La corrupción en México es cínica y burda: El escenario perfecto para crear escándalos de corrupción a las empresas extranjeras.
Políticos y funcionarios de México, hay que tener clase hasta para escupir.