Aunque hasta el momento la mayoría de consultas populares no se llevarán a cabo, debido a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) las declaró inconstitucionales, el proceso para solicitarlas habría costado 30 millones de pesos.
Para la validación de 16 millones de firmas, entregadas por cuatro partidos, el Instituto Nacional Electoral (INE) gastó 16 millones de pesos en la contratación de mil 700 personas que transcribieron de un formato físico a uno digital los registros.
Y otros 14 millones de pesos en la renta de edificios para llevar a cabo la validación, así como el arrendamiento de equipo de cómputo donde los trabajadores eventuales laboraron durante un mes en tres turnos de ocho horas.
A mediados de septiembre, el INE recibió 623 cajas con los registros de 16 millones de personas para solicitar las consultas populares promovidas por cuatro partidos políticos.
El PRD entregó 2.4 millones de firmas sobre la viabilidad de la reforma energética y Morena 2.1 millones sobre la entrega de contratos petroleros a empresas privadas nacionales y extranjeras.
Además, el PAN juntó 1.7 millones de rúbricas para preguntar sobre el incremento al salario mínimo y el PRI logró más de 5.1 millones sobre la posible reducción de 100 diputados por la vía plurinominal.
El INE inició un proceso de validación, el cual consistió primero en pasar de un formato físico a uno digital los 16 millones de registros entregados.
Después, el Registro Federal de Electores verificó que quienes firmaron las peticiones fueran ciudadanos reales que aparecen en el padrón electoral o la lista nominal.
Y también se realizaron visitas domiciliarias a una muestra de tres mil 400 de los firmantes, 850 por cada consulta, para verificar si la persona plasmó su firma en la petición.
Todo ese proceso tuvo un costo de 30 millones de pesos, recursos que el INE tenía contemplados como parte de la ampliación presupuestal tras la reforma política, vigente desde el 23 de mayo, y cuyas innovaciones incluyen las consultas populares.
La Suprema Corte ha considerado como inconstitucionales las peticiones de consulta sobre la reforma energética, impulsadas por PRD y Morena, así como la de salario mínimo del PAN.
Sólo falta que los ministros se pronuncien sobre la de reducir 100 diputados plurinominales del PRI, en caso de desecharla, el costo por la solicitud de consultas, aunque ninguna se lleve a cabo, será de 30 millones de pesos para el erario público.
Si los magistrados califican como constitucional la pregunta del PRI, el INE organizará el proceso de consulta popular, cuyas boletas con la pregunta sobre reducción de diputados, serán incluidas en las 90 mil casillas únicas que se instalarán el siete de 2015, fecha del próximo proceso electoral.
Comments are closed.