La cadena de responsabilidades tras el ataque a estudiantes normalistas de Ayotzinapa crece. La Procuraduría General de la República (PGR) indaga ahora la actuación de autoridades del gobierno de Guerrero. Esta semana, el fiscal general y el jefe de la policía del estado comparecieron ante el Ministerio Público.
Incluso, y como confirmó ayer el jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomas Zerón, el propio ex gobernador Ángel Aguirre podría ser citado a declarar.
Fuentes ministeriales confirmaron a 24 HORAS que hasta ahora no existen cargos en contra de algún funcionario del gobierno de Guerrero, sin embargo se están analizando distintos informes y declaraciones y no se descarta que en los próximos días pudiera haber nuevas consignaciones.
La indagatoria referente a la actuación de los funcionarios estatales abarca posibles irregularidades tanto por acciones dolosas, por posibles complicidades, o por omisiones en la actuación.
En particular, según las fuentes consultadas, son tres aspectos los que de inicio se verifican.
El primero de ellos es el levantamiento que hizo la fiscalía estatal de los primeros 28 cuerpos encontrados en fosas clandestinas en Iguala y la recolección de muestras genéticas. Tras un análisis preliminar se encontraron irregularidades en los procedimientos periciales por lo que se verifica si se trató de falta de pericia o de un intento por alterar evidencias.
Otro punto que se verifica es la actuación de policías estatales y ministeriales en la vigilancia que debió realizarse del ex alcalde de Iguala José Luis Abarca, y del jefe de la policía de ese municipio Felipe Flores Velázquez, quienes ahora son prófugos y cuentan con órdenes de aprehensión en su contra por el homicidio y desaparición de los normalistas.
El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong reiteró ayer que pidió por lo menos en dos ocasiones al gobernador Aguirre que se vigilara tanto a Abarca como a Flores, y este le reiteró que sí lo hizo, sin embargo, los sospechosos igual se fugaron.
El tercer aspecto que verifica la PGR son las declaraciones de Sidronio Casarrubias Salgado, líder detenido del grupo delictivo Guerreros Unidos, quien apuntó que autoridades estatales están coludidas con el crimen organizado, y puso de ejemplo al fiscal Iñaki Blanco, quien supuestamente recibió pagos de 300 mil dólares del grupo antagónico de Los Rojos.
Ya comparecieron
El miércoles por la noche comparecieron en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) el fiscal general del Estado, Iñaki Blanco; el vicefiscal, Ricardo Martínez Chávez, y el secretario de Seguridad Pública estatal, Leonardo Octavio Vázquez Pérez.
Los tres se presentaron en calidad de testigos y ofrecieron un informe solicitado por la PGR sobre la actuación de sus respectivas dependencias. Además fueron interrogados a cerca de los aspectos mencionados. Ayer jueves se les permitió irse y regresaron a Guerrero con la observación de que estén localizables par futuros llamados.
Cabe recordar que Iñaki Blanco fue en el sexenio pasado funcionario de la PGR y participó en algunas investigaciones de alto impacto como la Operación Limpieza o el llamado “Michoacanzo”, casos que posteriormente terminaron desmoronándose.
Cuartel militar fue revisado
Autoridades federales señalaron que en el marco de las investigaciones relacionadas con la desaparición forzada de estudiantes normalistas de Ayotzinapa, fueron revisadas las instalaciones del 27 batallón de Infantería y del 3er Batallón de fuerzas de Fuerzas Especiales, sin que se encontrara alguna evidencia inicial de que las víctimas hubieran estado en este sitio tras su desaparición.
Fuentes del gabinete de seguridad confirmaron que se pidió a los mandos responsables de esta guarnición castrense un informe de las actividades y despliegues el día de los hechos como una de varias vertientes que se están analizando.
Hasta ahora no hay militares detenidos por este caso al menos en cuanto al fuero civil.
Cabe recordar que esta semana padres de los normalistas atacados denunciaron que militares en la zona obstaculizaron la atención médica de los lesionados y no hicieron nada por frenar las agresiones. Otras expresiones como la del grupo guerrillero EPR los acusa de estar directamente involucrados.
No podemos garantizar que estén vivos: Zerón
El gobierno de la República no puede garantizar que los 43 jóvenes víctimas de desaparición forzada siguen con vida, dijo ayer Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal, a 35 días del ataque a estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa.
En conferencia de prensa con Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia de la República, se informó que 10 mil agentes de las fuerzas federales buscan en 115 lugares entre arroyos, cuevas, hospitales, prisiones y escuelas a los jóvenes desaparecidos.
Uno de los puntos firmados por Enrique Peña Nieto con los familiares es centrar la búsqueda de los jóvenes con vida, sin embargo, los funcionarios federales dijeron a 24 HORAS que no tienen certeza de que no hayan sido asesinados.
“No podemos garantizar nada, lo que sí se puede garantizar es que todo el estado de fuerza que está ubicado en Guerrero está dedicado 100 % a la localización de las personas”, apuntó.
Por su parte, Eduardo Sánchez hizo un recuento detallado de la reunión que sostuvieron los familiares de los normalistas y manifestó que el gobierno federal acepta la participación y ayuda técnica tanto de los peritos argentinos como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Tomás Zerón aclaró que la PGR descarta cualquier vínculo de los estudiantes con el crimen organizado y reveló que hasta el momento han hallado 38 cuerpos en fosas clandestinas, los cuales están en la dirección de Servicios Periciales en la Ciudad de México para los exámenes de identificación.
También indicó que hasta el momento no se ha encontrado ningún cuerpo en el basurero de la comunidad de Río San Juan, en Cocula, pero que se sigue revisando la zona en busca de cualquier indicio.
La procuraduría, indicó, en coordinación con la Interpol ha girado una alerta en todo el mundo para ubicar a José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala e identificado como autor intelectual de la desaparición de los normalistas.
Sobre la muerte de un policía federal, el vocero de la Presidencia sólo confirmó el hecho, pero más tarde 24 HORAS confirmó que se trató de un miembro del Grupo de Operaciones Rurales, de la 23 unidad de apoyo a operativos conjuntos de la División de Fuerzas Federales de nombre Higinio Flores Cruz. Aún no se ha dado a conocer la causa.