Por la presunta manipulación y el desvío de 205 millones de pesos, autoridades de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro interpusieron una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República.
La denuncia señala como probables responsables al exrector Jorge Galo Medina Torres; al exdirector del Secretariado Técnico –y actual candidato a la Rectoría-, Lorenzo Alejandro López Barbosa; la exdirectora de la Unidad de Proyectos Estratégicos, Margarita Carranza Montelongo; y al excontralor interno, Rubén Morán Oñate.
El recurso será tramitado ante la Unidad de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia, en la Ciudad de México, y promovido por el apoderado legal de la institución, Claudio Antonio Martínez Natarén.
De acuerdo a la acusación, en 2010, la administración del rector Eladio Cornejo Oviedo detectó inconsistencias financieras y administrativas, mismas que “son imputables todas ellas a la administración a cargo del exrector Jorge Galo Medina Torres”.
De acuerdo a la acusación, en 2010, la administración del rector Eladio Cornejo Oviedo detectó inconsistencias financieras y administrativas, mismas que “son imputables todas ellas a la administración a cargo del exrector Jorge Galo Medina Torres”.
VANGUARDIA publicó el 13 de octubre que entre los días 1 de agosto de 2008 y 28 de febrero de 2009, tal suma de dinero ingresó como “subsidios” a la Unidad de Proyectos Estratégicos, que dependía, según el organigrama oficial, al Secretariado Técnico de la UAAAN.
Lo anterior se estableció según el informe de la firma Leal Tijerina y Asociados, S. C., publicado el 27 de febrero de 2012, y que fue contratada por la Universidad Antonio Narro.
Se menciona que López Barbosa, de acuerdo con el oficio SG-120/06, del 13 de noviembre de 2006, fue nombrado Director del Secretariado Técnico de Rectoría.
Sin embargo, tanto en la denuncia que se tramita hoy, como en el acta oficial del Consejo Universitario, se hace constar que el 6 de diciembre de 2006 se acordó que se omitiera la creación de la figura del Secretariado Técnico.
Aunque tal decisión fue firmada por Galo Medina y el entonces Secretario General, José Jaime Lozano García, existen documentos que prueban que se le asignó presupuesto por 80 mil pesos en 2007, y 120 mil en 2008 y 2009, respectivamente.
Sin embargo, la firma auditora explicó que los 205 millones de pesos no pudieron ser materia de un arqueo, pues no existe documentación que explique su destino y aplicación.
Se pidió información al entonces contralor interno, Rubén Morán, quien no respondió. Por ello se solicitó al Grupo Financiero Banorte un informe de la cuenta 00548394924, misma que estaba a nombre de la Universidad, pero con una dirección diferente.
La denuncia ante PGR sostiene que los movimientos por 205 millones fueron administrados desde esa cuenta, la cual “jamás apareció en la contabilidad de la institución, por lo que nunca fue considerada en los informes que por norma debe rendir el cuerpo administrativo”.
La cuenta se habría abierto en 2007, se dejó de usar en 2010, fue cancelada en 2012, y en algunos recibos tiene una dirección falsa.
Lo que sí se sabe es que el dinero provino del Gobierno de Durango, y de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Coahuila.
En 2007, y hasta el 17 de julio de 2008, el titular de Finanzas era Jorge Torres López, actualmente prófugo y con acusaciones de lavado de dinero en Estados Unidos.
Lo reemplazo hasta julio de 2010 Javier Villarreal Hernández, quien confesó en Texas el delito de lavado de dinero.
En días pasados, López Barbosa declaró que las acusaciones de desvió de recursos son una cortina de humo y guerra sucia en su contra.
Cornejo lo llamó mentiroso al decir que no hay pruebas de que los recursos hayan entrado a la Universidad, que el Consejo no aprobó nada, y tampoco están en los informes anuales.
MG