Como presidente municipal de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca –hoy prófugo de la justicia federal– destinó únicamente 0.01% del presupuesto que recibió este ayuntamiento para programas de prevención al delito este año.
 
De acuerdo con datos oficiales, de los 351.6 millones de pesos que recibió de presupuesto para este rubro del programa de capacitación policial que impulsa la Federación, desde la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), sólo fueron destinados 36 mil 500 pesos (0.01%).
 
Y de esta cantidad, según se observa en el Presupuesto Egresos del municipio, disponible vía internet, el ayuntamiento autorizó únicamente 30 mil 900 pesos para dicho programa, lo que significa que se invirtió, en promedio, 100 pesos para cada uno de los 298 policías municipales de Iguala.
 
La suerte de la policía local en 2013 tampoco fue mejor. El año pasado, José Luis Abarca recibió una bolsa de 367.3 millones de pesos, de los cuales no se destinó ningún peso en el programa de prevención del delito.
 
Los números resaltan con la nula inversión que registró durante 2013 y 2014 en materia de seguridad, ya que como presidente municipal Abarca descartó adquirir, reparar o brindar mantenimiento al armamento de la policía municipal; tampoco se gastó en compra de patrullas o en operativos policiales o para la construcción de módulos de seguridad.
 
24 HORAS documentó que el subjefe de la Policía de Iguala, Francisco Salgado Valladares –también prófugo de las autoridades federales– recibía de Guerreros Unidos un soborno mensual de 600 mil pesos, que distribuía entre sus subordinados.
 
Del presunto responsable del asesinato de seis personas (entre ellos tres normalistas) y el secuestro de 43 estudiantes de la escuela normal Isidro Burgos el pasado 26 de septiembre, José Luis Abarca Velázquez, la Procuraduría General de la República (PGR) ofrece un millón y medio de pesos a quien ofrezca información que permita su arresto.
 
De la misma forma, la corporación ofrece dicha recompensa para aquel ciudadano que ofrezca indicios para ubicar y arrestar a la esposa del ex edil, María de los Ángeles Pineda Villa, y del otrora secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores Velázquez.
 

Negocios de familia

 
Los vínculos con el crimen organizado no son las únicas denuncias que tiene José Luis Abarca en su contra, pues también es señalado por diversos actores políticos por colocar a su familia en la estructura de la presidencia municipal.
 
Por ejemplo, del director de oficina de Recursos Humanos, Ignacio López Dolosa; del parque vehicular, Miguel Ángel Garduño Velázquez, y de parques y jardines Javier Abarca Velázquez. Ellos son sobrino, primo y hermano del ex alcalde prófugo.
 
Lucero Muñoz, directora del DIF municipal, y Rafael Salgado Velázquez, director de reglamentos de espectáculos, son cuñada y medio hermano del ex funcionario.
 
Apenas la semana pasada la PGR señaló que investiga 65 propiedades pertenecientes a José Luis Abarca y su familia, las cuales están localizadas en Morelos, Tlaxcala, Guerrero y el Distrito Federal.