Son referidos como grupos especiales de choque, halcones, pero son comandos paramilitares; forman una fuerza especial de combate, rambos al mando de los alcaldes que no quieren coordinarse con las fuerzas federales.
Primero fue el alcalde panista de San Pedro Garza García, Nuevo León, el empresario Mauricio Fernández, quien creó su grupo policiaco especial de ataque para combatir por su cuenta a grupos criminales, aunque al final ese grupo fue penetrado por el crimen organizado y el propio alcalde fue víctima de un atentado.
Ahora es la alcaldesa panista de Matamoros, Tamaulipas, Leticia Salazar Vázquez, la que inventó su propio grupo especial “de choque”, así denominado por su coordinador, el oficial mayor del municipio, José Mariano Vega Rodríguez. El grupo está adscrito al espacio de seguridad de las escoltas de la funcionaria, por lo que depende directamente de ella.
El problema con estos grupos realmente paramilitares radica en que su funcionamiento no está regulado ni cumple con los criterios legales del uso de la fuerza por parte de cualquier policía. Asimismo, su falta de control permite que los miembros de esos grupos operen trabajos personales y por tanto se conviertan en delincuentes con placa o sicarios al servicio de mejores postores.
El grupo de la alcaldesa Salazar Vázquez es conocido como Hércules y fue presentado formalmente. Está formado por miembros retirados de rama naval de las fuerzas armadas aunque ya ajenos a la institución. Y desde su fundación se ha metido en problemas por operar al margen de las leyes.
Ahora mismo el Grupo Hércules de la alcaldesa panista en Matamoros fue señalado por el procurador tamaulipeco Ismael Quintanilla como el responsable directo de la desaparición de cuatro jóvenes -tres de nacionalidad estadunidense-, luego localizados tirados en un paraje. Los datos revelan las características de una ejecución extrajudicial. Y las investigaciones llevaron al grupo personal de la alcaldesa Salazar Vázquez.
La decisión de crear el Grupo Hércules se relaciona con el grupo de “duros” que creó el alcalde Fernández en Garza García, con la intención de saltarse las instancias legales para combatir la inseguridad. Al tomar posesión como munícipe, Fernández dijo que iba a acabar con el crimen organizado e informó ahí mismo de la muerte de un capo, sólo que antes de que su cuerpo fuera hallado. La decisión de Fernández fue después de la ofensiva de seguridad anunciada por el presidente Calderón y resultó el banderazo para la conformación de grupos paramilitares en una guerra sucia contra delincuentes.
Varios alcaldes panistas han creado bandas policiacas para liquidar extrajudicialmente a delincuentes al margen de las leyes. En Matamoros los jóvenes secuestrados y asesinados no eran delincuentes y su secuestro fue un trabajito particular de los policías con licencia para matar.
El caso de la alcaldesa revela que las autoridades combaten la ilegalidad con la ilegalidad y la inseguridad con la inseguridad. Y que los grupos especiales no atienden la inseguridad sino que se convierten en sicarios del poder político establecido. Y lo peor es que su condición especial los aleja, cuando menos en primera instancia, de la vigilancia y supervisión a que debe estar sometido todo cuerpo de seguridad que posee armas.
Hasta ahora son alcaldes panistas los que han acudido a crear sus propias policías al margen de las leyes y fuera de controles de confianza con el pretexto de combatir la inseguridad. Pero la alcaldesa será responsable de los delitos de sus subordinados y tendría que declarar ante el Ministerio Público. Lo grave es que grupos especiales de sicarios advierten en Matamoros un problema como el de Iguala.
De paso, la alcaldesa Salazar Vázquez hundió al PAN en Tamaulipas.