La Procuraduría General de la República (PGR) investiga el posible encubrimiento o protección que recibió el ex alcalde de Iguala José Luis Abarca, buscado por el homicidio y desaparición forzada de estudiantes normalistas de Ayotzinapa, de parte del aún fiscal (procurador) General de Guerrero, Iñaky Blanco Cabrera.
Las sospechas sobre la actuación de Blanco recaen no solamente por su actuación en los últimos meses, sino desde el sexenio pasado, cuando ocupó varios cargos tanto en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) así como al frente de la delegación estatal de la PGR en Guerrero, cuando Abarca fue candidato a alcalde.
Autoridades federales indicaron a 24 HORAS que en breve, posiblemente esta misma semana, Blanco dejará de ser fiscal general de Guerrero, y las investigaciones en donde está relacionado podrían acelerarse. El funcionario tiene una carrera de más de 12 años en el servicio público.
En su comparecencia ante la SEIDO, la semana pasada se pidió a Blanco un balance de las indagatorias que realizaron desde el ataque a los estudiantes, pero también fue interrogado sobre la información con la que contaba respecto a Abarca en el pasado, y se le pidió que estuviera localizable para futuros llamados.
“Esta información se va a analizar, sólo fue una declaración en calidad de testigo pero los datos van a verificarse con la evidencia que se reúne y el Ministerio Público verá qué determinación toma, si hay responsabilidades por acción u omisión”, señaló un funcionario ministerial.
Sus antecedentes
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, confirmó que entre 2010 y 2012 se iniciaron averiguaciones previas en la PGR contra Abarca por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada, pero ninguna prosperó por supuesta falta de evidencias.
En ese lapso Iñaky Blanco se desempeñó como titular de la Unidad de Investigación Especializada de Secuestro en la SEIDO (antes SIEDO) de la PGR, área a la cual, según las fuentes consultadas, llegaron datos de actividades delictivas de células de los Beltrán Leyva en Guerrero que involucraban al entonces empresario José Luis Abarca.
El 11 de agosto de 2011, Blanco fue designado como titular de la delegación estatal de la PGR en Guerrero, cargo en el que se mantuvo hasta junio de 2012. Durante ese lapso Abarca se convirtió en candidato a la presidencia municipal de Iguala.
Denuncias ciudadanas alertaron del nexo de Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda con los Beltrán Leyva. Se advirtió que con dinero del narcotráfico estaba financiando su propia campaña, regalando toneladas de cemento, centenares de despensas, ofreciendo locales en su centro comercial Tamarindos, departamentos, entre otros.
Los delegados estatales de la PGR tenían instrucciones de alertar e investigar los posibles vínculos con actividades ilícitas de candidatos en el proceso electoral. El delegado Blanco no advirtió nada respecto a Abarca.
Retraso sospechoso
El 30 de septiembre policías ministeriales de Guerrero tenían la instrucción de trasladar a José Luis Abarca al Ministerio Público tan pronto pidiera licencia a su cargo. El problema fue que los agentes llegaron 10 minutos tarde y el ex edil ya se había escapado.
La PGR sospecha que la fuga de Abarca, junto con la de su esposa y el jefe de la policía de Iguala fue una operación planificada desde antes de que pidiera licencia. Imágenes de la ceremonia evidencian que la pareja presidencial saliente estaba acompañada por personas vestidas de civil con radios de comunicación que se coordinaron con otros para el posible escape.
Lo anterior fue posible además porque Abarca no contaba con el resguardo previo de agentes estatales que, independientemente de que pudieran detenerlo o no, tenían la instrucción de darle seguimiento todo el tiempo. Sobre este punto en particular también fue interrogado Blanco junto con otros funcionarios estatales en la SEIDO.
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