Pese a que en los últimos años las empresas de seguridad privada han crecido casi 7%, y sigue en aumento, la falta de regulación y carencia de capacitación de su personal las convierte más en un problema que en una solución en materia de seguridad, así lo revela un estudio elaborado por especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
De acuerdo con una evaluación externa realizada por la Máxima Casa de Estudios al programa Desarrollo de Instrumentos para la Prevención del Delito, a cargo de la Dirección General de Seguridad Privada (DGSP) y el Servicio de Protección Federal (SPF), dicho gremio enfrenta problemáticas por la carente actualización y profesionalización de los procesos para regular a ese tipo de empresas.
En la evaluación al programa, vinculado al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se identifica que en lo que respecta a la DGSP “se busca dar solución a la falta de actualización, modernización y profesionalización de los procesos que se emplean para regular a las prestadoras de servicios de seguridad privada que tienen presencia en dos o más entidades federativas”. En tanto aquellas que sólo se concentran en una entidad carecen de una regulación.
“Escasa capacitación y adiestramiento del personal operativo de las empresas de seguridad privada, e insuficientes acciones de supervisión para identificar las empresas que no cumplen con la normatividad”, son dos de las principales causas que tiene identificada la DGSP como parte del Diagnóstico del Sector de Seguridad Privada 2013-2018.
Por su parte, el SPF busca dar solución a la deficiencia en los servicios de seguridad que reciben personas e instalaciones estratégicas federales, donde los altos costos y precios de los servicios, así como el amplio tamaño de la estructura administrativa en proporción al número de integrantes que hay en la institución, son los principales defectos que se han identificado en su operación.
Los efectos derivados en las problemáticas tanto de la Dirección General de Seguridad Privada como del Servicio de Protección Federal traen consigo efectos negativos como el retraso en las resoluciones de autorizaciones y las revalidaciones, según el diagnóstico.
Además de una “incipiente profesionalización y capacitación” del personal en la seguridad privada, así como un inadecuado control y supervisión de la misma.
Mientras que el tema de protección federal, las deficiencias se ven reflejadas en una inconsistencia en la calidad de los Servicios y formación del personal, una desventaja competitiva, y la duplicidad de funciones.
Ante dicho panorama, la evaluación hecha por la UNAM, recomienda a ambas instancias elaborar un único documento de diagnóstico que describa las causas, efectos y características de dichos problemáticas que cada una atiende e incluya la cuantificación, características y ubicación territorial de la población (personal de la empresa) que presenta el problema y establezca el plazo para su revisión y su actualización, lo cual es carente en el ramo.
Por inseguridad siguen operando
Pese a dichas inconsistencia en la regulación de las empresas privadas de seguridad, en el Diagnóstico del Sector de Seguridad Privada del año pasado se documentó que el sector en los últimos años ha crecido un 6.9% anual, en consecuencia, principalmente de la creciente inseguridad que vive el país y que las empresas de seguridad privada irregulares han ido en aumento. Incluso, en dicho diagnóstico se menciona que el sector representa alrededor de 1% del Producto Interno Bruto del país.
En agosto pasado, la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP) anunció sus planes de expansión, lo cual se materializó con el lanzamiento del Capítulo Noreste de AMESP, el cual abarca presencia de la asolación en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. El objetivo según dieron a conocer: “es promover la profesionalización, como lo lleva a cabo en el centro del país”.