WASHINGTON. La administración Obama entregó al Congreso 64 mil 280 documentos sobre la polémica operación “Rápido y Furioso”, en respuesta a una orden judicial, informó hoy el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.
El presidente del Comité, el republicano Darrell Issa, sostuvo que la entrega de la documentación representa la admisión de que el Departamento de Justicia nunca debió excluir su entrega al legislativo estadunidense.
“Aproximadamente dos terceras partes de los documentos que el Departamento de Justicia retuvo del Congreso han mostrado estar fuera del alcance del ´privilegio ejecutivo´”, añadió.
El presidente Barack Obama invocó en su momento el “privilegio ejecutivo” para limitar la cantidad y alcance de los documentos que el gobierno federal estaba dispuesto a entregar al Congreso en relación con la pesquisa de la Cámara de Representantes.
La operación “Rápido y Furioso” fue conducida de 2006 a 2011 por la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) y permitió el trasiego ilegal supervisado de más de dos mil armas de Estados Unidos a México.
La orden judicial obligó al procurador federal a entregar los documentos del operativo que no son considerados como protegidos por el privilegio ejecutivo, a fin de que puedan ser evaluados por el Comité de Supervisión de la Cámara Baja.
El año pasado la propia jueza Berman Jackson rechazó una petición del procurador Eric Holder, quien dejará el cargo en breve, para anular la demanda del Comité de Supervisión para la entrega de documentos relacionados con la operación.
Aunque un reporte separado del Inspector General exoneró a Holder de cualquier responsabilidad, hizo sin embargo críticas a tres altos funcionarios: el ex subprocurador Gary Gindler, el procurador adjunto Lanny Breuer y el subprocurador adjunto Jason Weinstein.
El legislador Issa señaló que los investigadores del Comité examinarán en detalle los documentos para verificar si en efecto corresponden al ámbito del privilegio ejecutivo.
Apenas esta semana un nuevo reporte del Inspector General del Departamento de Justicia reveló que agentes federales permitieron el ingreso ilegal a México de componentes para la fabricación de granadas de detonación dirigidas a los cárteles de las drogas.
El reporte de la Oficina del Inspector General del (DOJ) documenta que agentes de la ATF marcaron las partes de granadas compradas por el contrabandista Jean Baptiste Kingery para rastrearlas una vez que entraran al país.
GH