La propuesta panista para combatir a la corrupción choca con la del gobierno federal y el extinto Pacto por México, que impulsan la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción, toda vez que el Partido Acción Nacional (PAN) propone fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que tenga autonomía de investigación y sanciones que alcancen prisión contra funcionarios corruptos.
La iniciativa que presentó el PAN a la Cámara de Diputados detalla que aquellos servidores públicos que incurran en actos de corrupción podrían obtener sanciones que van desde la suspensión, destitución e inhabilitación en sus cargos públicos, e incluso prisión. Para este fin, propone autonomía de investigación y sanción para la ASF, que por el momento sólo se dedica a investigar y presentar los señalamientos detectados a las autoridades correspondientes.
“Las faltas administrativas graves y los actos de corrupción serán investigados y substanciados por los órganos internos de control, por la Auditoría Superior de la Federación o por sus homólogos en las entidades federativas, según corresponda, y serán resueltas por el Tribunal que resulte competente”, añade el documento.
En contraste, la propuesta del presidente de México, Enrique Peña Nieto, para la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción (avalada ya por el Senado y que está bajo análisis de la Cámara de Diputados) plantea que sea dicha instancia con el apoyo de comisiones estatales las que tengan facultades para prevenir, investigar y sancionar a las autoridades competentes sobre posibles casos de corrupción.
Esta propuesta fue firmada por PAN, PRD, PRI y el gobierno federal desde el Pacto por México en 2012 (compromiso 85) que a la letra dice: “Se creará un sistema nacional contra la corrupción que, mediante una reforma constitucional, establezca una Comisión Nacional y comisiones estatales con facultades de prevención, investigación, sanción administrativa y denuncia ante las autoridades competentes por actos de corrupción. Se pondrá especial énfasis en entidades como Pemex y CFE.”
No obstante, el PAN va más allá con su propuesta al determinar las sanciones penales a causa de enriquecimiento ilícito de los servidores públicos, que durante el tiempo de su encargo aumenten su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar.
Los posibles casos de corrupción en contra del erario público serán resueltos por los órganos internos de control de cada una de las dependencias y organismos afectados por los servidores públicos, pero si califican el acto como “grave”, deberán ser atendidos por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Sobre caso de particulares
La iniciativa del PAN indica que en caso de que un particular sea pillado en actos ilícitos, además de sanciones penales y económicas, éstos serán inhabilitados “para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas; la suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad respectiva”.
Además de tener la obligación de resarcir los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública, entes públicos federales, locales o municipales, así como las demás sanciones que determine la ley, expresa el Partido Acción Nacional (PAN).
“Entre las principales recomendaciones, resaltan las relativas a no sólo aplicar el régimen de sanciones a los servidores públicos, sino a la participación de particulares, inclusive en grado de tentativa, por hechos de corrupción”, agrega el documento.