Toda persona tiene derecho a grabar o a fotografiar a funcionarios públicos cuando considere que éstos realizan actos de abuso de autoridad, un derecho que está amparado en los artículos 6 y 7 de la Constitución, aseguró el académico de la Universidad Iberoamericana, Gilberto Santa Rita.
En las últimas semanas han surgido casos en redes sociales donde personas graban con sus teléfonos celulares lo que parecen ser abusos de autoridad por parte de policías, quienes al darse cuenta de esto amenazan con llevárselos detenidos por diversos delitos, que van desde obstrucción de la labor policiaca hasta ultraje a la autoridad.
Algunos de ellos son el de una mujer que al ver que se llevan a menores de edad en una camioneta de la policía municipal de Zihuatanejo empieza a grabar para de inmediato recibir amenazas de los elementos de seguridad pública, quienes incluso les exigieron acreditaciones de prensa..
Santa Rita, profesor del Departamento de Derecho de la Ibero, señaló que el criterio usado por los policías es incorrecto, ya que grabar un abuso de autoridad es un derecho a la libertad de expresión de todas las personas, sin importar su ocupación.
“Las personas están amparadas por los artículos 6 y 7 constitucionales para grabar con absoluta libertad a los funcionarios que lleven a cabo una acción que se presuma delictiva o violatoria de los derechos de otras personas”, señaló el especialista en Derecho penal y procesal.
Para respaldar su dicho, Santa Rita recordó que la semana pasada la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió la Recomendación 11/2014 donde se acreditaron seis hechos entre marzo de 2013 y junio de 2014.
En todos los casos la Comisión encontró que, al ser grabados, los uniformados amenazaron a los ciudadanos, siendo los más graves cuando los oficiales amagaron con realizar detenciones, lo cual es otra violación a los derechos humanos.
“El acceso a la información y la posibilidad de documentar la actuación de las autoridades públicas hacen parte del núcleo esencial de la libertad de expresión, un derecho ampliamente reconocido por órganos jurisdiccionales internacionales y nacionales, que además han establecido claramente la relevancia del mismo, como puente y vía para el ejercicio y reivindicación de otros derechos y parte fundamental de la democracia”, señala la CDHDF en su Recomendación.
En caso de que la acción policiaca no sea arbitraria, esto no debe de significar algún problema para la persona que lo grabó, explicó Santa Rita, ya que eso no es un agravio contra el policía al no interferir con sus actividades.
Para finalizar, el especialista en Derecho emitió recomendaciones a quienes pudieran sufrir algún acto de detenciones por parte uniformados por grabaciones, tales como iniciar un juicio de amparo, acudir a la Comisión de Derechos Humanos que corresponda o ejercer una denuncia penal contra los funcionarios que cometieron el abuso.
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