México está a punto de convertirse en la estrella económica de América Latina en la década siguiente. La reciente reforma del gobierno al sector energético contribuirá directamente con el desempeño económico al reducir el costo de fabricación. En el contexto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el consiguiente aumento de la competitividad de producción promete aumentar sustancialmente el crecimiento de México.
Hasta que el gobierno aprobó la enmienda constitucional necesaria y promulgó la legislación favorable asociada, el sector energético de México era completamente de propiedad estatal. El componente más importante del sector, Pemex, poseía todas las reservas de petróleo y gas de México y era exclusivamente responsable de la exploración, producción y distribución minorista. La producción y distribución de electricidad, también estaba por completo en las manos del gobierno.
Los limitados conocimientos técnicos de Pemex significaban que no podía desarrollarse plenamente y explotar los vastos recursos de petróleo y gas de México. Hay reservas de petróleo sustanciales que requieren la tecnología de perforación en aguas profundas de la que la empresa carece. También existen viejos pozos que han dejado de producir pero que pueden hacerse productivos de nuevo con tecnologías modernas. Y existen yacimientos de gas y petróleo potenciales que se pueden aprovechar sólo con las nuevas tecnologías de perforación horizontal y fracturamiento hidráulico.
Hasta la reforma, las reservas energéticas se habían considerado desde hace mucho como patrimonio nacional que únicamente podía desarrollarse por Pemex. Debido a que la Constitución prohibía cualquier propiedad extranjera directa o indirecta, no había manera de proporcionar incentivos a las empresas extranjeras para compartir su tecnología.
Pero esa tecnología extranjera ofrecía tales ganancias significativas potenciales que el presidente Enrique Peña Nieto fue capaz de reunir una mayoría en el Congreso mexicano para enmendar la Constitución y aprobar la legislación que atraerá empresas energéticas extranjeras al país.
Abrir el sector energético completa la agenda de integración económica que comenzó cuando se aprobó el TLCAN en 1994. La expansión de la producción mexicana de petróleo y gas consolidará aquellos vínculos y contribuirá a la independencia de la energía norteamericana.
Las nuevas reformas energéticas también permitirán que México se beneficie de gas a menor costo proveniente de Canadá.
El precio del gas en Estados Unidos y en Canadá es de sólo la mitad del precio actual en México (y menos de la mitad del precio en Europa y Asia). El acceso mexicano a gas más barato impulsará las industrias petroquímicas mexicanas y disminuirá los costos de energía para producción. Los expertos estiman que el costo de la electricidad para los productores mexicanos puede caer hasta en 20%.
La privatización de Pemex y la compañía nacional eléctrica también permitirán que gerentes profesionales capacitados reemplacen a los burócratas estatales y poner fin al papel fundamental de los sindicatos en los procesos de gestión. Por otra parte, la privatización eliminará las restricciones a la inversión que el presupuesto del gobierno ha impuesto a Pemex y la compañía eléctrica.
Incluso antes de las reformas del sector energético, México había estado persiguiendo políticas macroeconómicas sólidas durante un período de tiempo considerable. Como resultado, el país se ha beneficiado de la baja inflación, pequeños déficits fiscales y déficits de cuenta corriente manejables. Y, aunque México cuenta con un régimen de tipo de cambio de flotación libre, el valor del peso frente al dólar se ha mantenido estable.
México debe confrontar aún otros problemas significativos. Por ejemplo, la educación primaria y secundaria necesita mejorías que los sindicatos de maestros están bloqueando y la actividad criminal, mucha de ésta relacionada con el narcotráfico, hace de la seguridad personal un motivo serio de preocupación a lo largo del país.
Martin Feldstein, profesor de economía en Harvard, fue Presidente del Consejo de Asesores Económicos del Presidente Ronald Reagan y Presidente de la Oficina Nacional de Investigación Económica.