Ante la ola de violencia generada por la lucha contra el narcotráfico en México, la sociedad civil y diversas ONG han hecho un llamado para que sea la Corte Penal Internacional, la autoridad que indague los posibles “crímenes de guerra” generados desde de la declaratoria bélica que hiciera el gobierno en contra de la delincuencia organizada del país.
Aunque de acuerdo con los estatutos la Fiscalía de la Corte no tiene competencia en el narcotráfico como delito, sí lo es la manera en cómo los criminales protegen sus negocios o en el caso de las autoridades el cómo lo combaten, en todo caso abarcarían aquellos “crímenes de guerra o contra la humanidad” que se desprendan de ambas partes.
Debido a que un crimen de guerra sólo se da en un conflicto armado, la jurisprudencia requiere la organización de las partes enfrentadas e intensidad de los combates por lo que de aplicarse dicha medida la Corte podrá incluir a altos funcionarios públicos y miembros de las fuerzas de seguridad, e incluso a los integrantes de los cárteles para ser juzgados en el tribunal de La Haya.
Pero en México la coordinación entre los cárteles que luchan contra las fuerzas armadas es inexistente y cada organización delictiva actúa por su cuenta y no ha habido una unión en contra del Estado y así conformar una parte bélica.
De acuerdo con un análisis de la consultora especializada en temas de narcotráfico y crimen organizado InSight Crime, desde hace muchos años en México se habrían presentado numerosos crímenes de guerra en el país estos han quedado en la impunidad, sin que a la fecha los responsables y partes involucradas y generadoras de los mimos hayan sido juzgados por alguna autoridad.
“Los crímenes contra la humanidad no necesitan un conflicto armado, pero sí un ataque generalizado o sistemático contra la población civil. Para promoverlo se requiere un Estado u organización equivalente que, por control territorial o estructura y medios militares, sean la máxima autoridad en un territorio”, señaló la consultora estadunidense
Vinculación fatal
En esa especie de dinámica de complicidades entre gobierno y delincuencia organizada, la empresa de análisis señala que en nuestro país dicha situación se ve reflejada en un conflicto asimétrico, con organizaciones de narcotraficantes fluidas que utilizan la violencia como una opción entre muchas otras para hacerse de territorios y para hacer frente al embate de la fuerza pública.
“A veces prefieren cooptar a miembros de las fuerzas de seguridad a título individual. Otras logran la protección progresiva de las instituciones, como en la infiltración de Los Caballeros Templarios en Michoacán. También hay cárteles que apoyan a las fuerzas de seguridad contra otros, como el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG)”.
Pese a que numerosos actos de extrema violencia siguen desprendiéndose de ese conflicto entre Estado y cárteles, es necesaria una política para calificarse como crímenes contra la humanidad. Aun cuando se han documentado casos de violación a los derechos humanos de la población por parte de militares, pero en la mayoría de las ocasiones el nivel y la escala de estos abusos se desconoce.
Otra hipótesis que la Fiscalía podría investigar, propone el análisis, es como en el caso de Michoacán donde en apoyo a las autodefensas conformadas el Estado ha tolerado el asesinato extrajudicial generalizado o sistemático de personas ligadas a Los Templarios.
Asimismo, qué grado de implicación tienen las autoridades en operativos conjuntos entre fuerzas de seguridad y narcotraficantes, tal y como se evidenció en el ataque y desaparición de estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en Iguala Guerrero ocurrido el pasado 26 de septiembre.