El Senado aprobó y turnó al Ejecutivo federal la nueva Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Con ello, el acceso de menores a consultas ginecológicas y anticonceptivos no será obligación del Estado.
Entre lo avalado está el cambio del concepto de los denominados derechos sexuales y reproductivos, a salud sexual y reproductiva, así como la flexibilización de las sanciones por la “utilización” de menores de edad en medios de comunicación.
Así la obligación del gobierno mexicano, en sus distintos niveles, de otorgar consultas ginecológicas, métodos anticonceptivos, atención integral para una niña embarazada e incluso educación sexual en las escuelas quedó acotada a la discrecionalidad de los funcionarios públicos en turno.
Durante la sesión de este jueves los senadores aprobaron por con 70 votos a favor, seis en contra y tres abstenciones, el nuevo marco legal en materia infantil.
También aprobaron la reforma a la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, con las modificaciones hechas por la Cámara de Diputados.
Este incluye las modificaciones enviadas por la Cámara de Diputados a los artículos 13, 16, 26, 50, 53, 57, 58, 78, 83, 86, 90, 108, 127, 148 y 149 del proyecto que expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Al presentar el dictamen, la panista Martha Elena García Gómez señaló que las comisiones dictaminadoras coincidieron en aceptar las modificaciones que realizó la colegisladora a la minuta, y consideró el trabajo hecho por el Senado en esta materia como “responsable e informado”.
El senador Juan Carlos Romero Hicks (PAN), presidente de la Comisión de Educación, expuso que se modificó el 90% de la iniciativa presentada por el Ejecutivo, lo que calificó de inédito.
Sobre los cambios hechos en San Lázaro, como modificar “derechos sexuales” por “salud sexual”, señaló que el derecho y deber de origen sobre la educación sexual está en la familia, indicando que la presente ley no promueve la pederastia, no legaliza el aborto, ni atenta contra la patria potestad. NS