Ante la posibilidad de que se diseñe un nuevo pacto por la seguridad como han planteado algunos actores políticos, especialistas y representantes sociales urgieron que este se sustente en un plan de trabajo bien establecido, con objetivos a corto, mediano y largo plazo, y que los compromisos que se adquieran sean “serios”.
“Este país ya no puede darse el lujo de más simulación”, señaló el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal (CCSPyJP), José Antonio Ortega, quien consideró que casos como el de Iguala son el reflejo de que los pactos firmados en el pasado ni se han cumplido y ni han funcionado.
Los especialistas consultados por 24 HORAS coincidieron en señalar que un acuerdo o pacto sí resulta útil, sin embargo recordaron que este ejercicio ya se ha realizado antes y ha fracasado. Ayer, este diario publicó que en comparación con el año 2008, cuando se firmó el Acuerdo por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, actualmente han subido casi todos los delitos de alto impacto.
María Eugenia Suárez de Garay, directora de Investigación Aplicada en Policía del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), señaló que los 74 puntos que contenía el Acuerdo de 2008 cubrían muchos aspectos que resultaban útiles y urgentes para combatir el deterioro de las condiciones de seguridad en México.
“Sin embargo mucho de todo ello quedó pendiente. Hay muchas cosas que no lograron ser concretadas en los plazos que se fijó para acción. Había plazos que se fijaron, pero estos no eran realistas y es porque no había un plan de acción” indicó.
La experta de seguridad de Insyde subrayó que es necesario que exista un plan que defina objetivos a corto, mediano y largo plazo y que permitan generar una agenda realista y consolidada.
Además hizo hincapié en que debe darse cabida a distintas voces con la finalidad de que haya una representación real amplia y entonces pueda existir una discusión democrática.
El presidente del CCSPyJP consideró imprescindible que se clarifiquen además metas como el porcentaje preciso en que bajarían los delitos y sanciones en caso de que las autoridades responsables no cumplan con lo establecido.
Los pendientes
Suárez de Garay de Insyde subrayó que hay varios frentes que deben ser atacados ante la posibilidad de un nuevo acuerdo. Entre ellos se encuentra una auténtica reforma al sistema policial y al sistema penitenciario, así como la actualización de los mecanismos de combate a la delincuencia organizada y lavado de dinero.
Jesús Becerra, titular de la Red Internacional de Abogados y presidente de Coordinadora Ciudadana, dijo que el tema de la transparencia y del escrutinio público es fundamental. “Se habla constantemente de ello en los discursos pero en la realidad los ciudadanos no tenemos acceso suficiente a la información”, indicó.
Tanto Garay como Becerra coincidieron en que además debe revisarse la política de prevención, pues consideraron mala señal el que los hechos de violencia obliguen a diseñar esquemas reactivos y de fuerza, cuando se supone que se estaba realizando una política preventiva de fondo a cargo de la Secretaría de Gobernación, que incluso identificaba zonas vulnerables.
“La coordinación intersectorial para la prevención sigue siendo un eslabón muy débil. El procurar mejores condiciones de habitabilidad y convivencia es fundamental”, subrayó la especialista de Insyde.