Organizaciones No Gubernamentales de Guerrero se enfrentaron con el gobernador interino, Rogelio Ortega Martínez, luego de que este último las acusara de causarle gran daño a la entidad por las manifestaciones por la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa.
En contra parte, las organizaciones le respondieron que esas declaraciones son un distractor para la búsqueda de los normalistas, además de poner en riesgo a los luchadores sociales quienes han sufrido de persecución y hostigamiento.
El sábado, durante una conferencia de prensa, Ortega Martínez pidió a las organizaciones a trabajar de manera conjunta con su gobierno para el beneficio de la entidad, pero también criticó su forma manifestarse.
“Es el momento en que (el Centro de Derechos Humanos de la Montaña) Tlachinollan, la (Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero) CETEG, los estudiantes de Ayotzinapa y los padres de familia así como los movimientos reflexionen del gran daño que le están haciendo a Guerrero”, dijo el gobernador en referencia a los destrozos al palacio de gobierno del fin de semana.
En respuesta, el Centro Tlanchinollan negó lo dicho por el jefe del Ejecutivo local y calificó estas declaraciones como un distractor del tema central: la aparición con vida de los jóvenes secuestrados la noche del 26 de septiembre por policías municipales de Iguala.
“Externamos nuestra preocupación sobre declaraciones e informaciones que se han vertido en días recientes en contra de integrantes de organizaciones sociales que laboran en Guerrero.
En particular, nos referimos a la acusación del gobernador Salvador Rogelio Ortega Martínez, al descalificar el trabajo del Centro Tlachinollan”, informaron en comunicado las organizaciones civiles Red Guerrerense de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos; al Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón; y al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Incluso acusaron al gobierno guerrerense de tratar de ensuciar la reputación de luchadores sociales con filtraciones la prensa de documentos oficiales donde se les acusa de ser parte de la guerrilla.
En específico se habla de que el presidente del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, Bertolo Martínez Cruz, de ser parte del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, o de que el Movimiento Popular de Guerrero (integrado por la CETEG y normalistas) de estar infiltrados por guerrillas.
“Es inaceptable la postura del gobernador guerrerense y el informe de inteligencia del gobierno federal que pone en riesgo la integridad física de las personas con acusaciones que ponen en entredicho su actuación como personas defensoras de derechos humanos”, añaden las organizaciones.
Otro punto que causó molestia entre las organizaciones fue la invitación del gobernador para que el director del Centro Tlachinollan, Abel Barrera, se incorpore al Ejecutivo como secretario de Desarrollo Social en sustitución de Beatriz Mojica quien va a renunciar.
“Preocupa enormemente las recientes declaraciones del Gobernador interino del estado de Guerrero, Rogelio Ortega, quien en medio de esta crisis de derechos humanos, llama al director de Tlachinollan a formar parte del gobierno estatal”, añade el documento de las ONG’s.
AH