“La tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la justicia son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad”, aseguró la Organización de Naciones Unidas (ONU) en un reporte entregado al gobierno mexicano.
El organismo internacional entregó ayer al Congreso de la Unión el “Informe del Relator Especial sobre tortura y otros trataros o penas crueles, inhumanos o degradantes”, donde resaltó que las autoridades son débiles para “detectar o impedir la tortura”.
“La finalidad es castigar o extraer confesiones o información” sostiene Juan E. Méndez, relator especial de la ONU, en el documento entregado de manera simultánea al jefe del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto; al titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y a los representantes del Congreso de la Unión.
En medio de la crisis por la infiltración de narcotráfico y de grupos criminales en gobierno de Iguala, Guerrero, la ONU resalta sobre la tortura que “hay evidencia de la participación activa de las fuerzas policiales y ministeriales de casi todas las jurisdicciones y de las fuerzas armadas”.
“Pero también de tolerancia, indiferencia, o complicidad por parte de médicos, defensores públicos, fiscales y jueces, que no siempre cumplen con sus obligaciones bajo la prohibición absoluta de la tortura”, agregó.
El relator especial de la ONU realizó una visita en nuestro país entre abril y mayo pasados, donde sostuvo reuniones con funcionarios de las secretarías de Relaciones Exteriores; Gobernación; Defensa Nacional; Marina Armada de México, así como de la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura.
Así como autoridades y comisiones de Derechos Humanos de entidades como el Distrito Federal, Nuevo León, Chiapas, Baja California, entre otros, donde recabó constancia que no existe control adecuado sobre la legalidad de la detención ni del plazo para presentar al ministerio público a presuntos delincuentes.
“En la mayor parte de los casos no se accede a una defensa adecuada en forma inmediata; las declaraciones se presentan sin intervención judicial ni presencia de un abogado; no se inician investigaciones de oficio no se excluyen de oficio pruebas obtenidas bajo tortura”, añadió el relator.
Explicó que por estos motivos los casos de tortura son altos en nuestro país, “y las medidas no han logrado aún revertir la imperante impunidad ni han avanzado en la debida reparación integral”.
Las recomendaciones
Ante este panorama, el mismo organismo internacional le recomienda al Estado mexicano “actuar de manera urgente para arbitrar medios para investigar, sancionar y castigar los actos de tortura.
“Tipificar, a nivel federal y estatal, en conformidad con el estándar más beneficioso de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y velar que las legislación federal y estatales, contemplen la prohibición absoluta de la tortura”, señaló.
Además, le solicita al Congreso de la Unión reformar el Código de Justicia Militar a fin de asegurar que los casos cometidos entre soldados sean competencia de las autoridades civiles y evitar que entre los superiores se solapen estas acciones.
Al tiempo de “legislar el uso de la fuerza en conformidad con principios internacionales, así como capacitar a los operadores de seguridad (policías) respecto a los estándares e investigar y sancionar las conductas de uso excesivo de la fuerza”.
La ONU también propuso que todas las denuncias en esta materia sean investigadas y velar porque se castigue, con sanciones acordes a la severidad del delito, tanto a los autores materiales como a “quienes ordenaron las acciones”.
Por último, Juan E. Méndez sugirió excluir automáticamente “cualquier prueba o declaración respecto de la cual existan razones para creer que ha sido obtenida bajo tortura, malos tratos o violación a las garantías individuales”.