Las bancadas del PRI y el PAN en el Congreso de Michoacán, así como el gobierno estatal, se mantienen en el estira y afloja para aprobar modificaciones al decreto 22 para reestructurar la deuda estatal de casi 35 mil millones de pesos que dejaron los ex gobernadores Fausto Vallejo y Leonel Godoy, que es comparada con la que tiene el gobierno de Coahuila.
El presidente del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la Cámara local, Sergio Benítez, declaró a 24 HORAS que la modificación al decreto 22 para reestructurar la deuda de Michoacán podría ser usado discrecionalmente por el gobierno estatal para pagos a proveedores que no están registrados oficialmente.
De acuerdo con el panista, la deuda pública que mantiene el gobierno estatal ha sido resultado de malos manejos y nulo control del gasto.
“Hace 14 años, la deuda michoacana era menor a 200 millones de pesos, sin embargo tras las administraciones de Vallejo y Godoy hubo un aumento de la deuda que ahora asciende a 35 mil millones”, indicó vía telefónica.
Al endeudarse de esta manera, en 2012 la actual legislatura del Congreso estatal se vio obligada a aprobar el decreto 22 que reestructuraba la deuda con bancos, como Banobras, y para el pago a proveedores; en 2013 se volvió a aplicar la misma fórmula con los bancos. Sin embargo, ahora, según el panista, esta modificación al decreto es inviable.
Benítez explicó que la propuesta del Ejecutivo estatal significaría 227 millones de pesos únicamente para el pago de reestructurar créditos, contratar líneas de crédito y refinanciamiento de pasivos con Banobras, Multiva e Interacciones.
“El manejo de la reestructura y contratación de créditos, asesorías y comisiones de este3 decreto 22 le costó al estado poco más de 227 millones de pesos (de un total de 9 mil 56 millones de pesos en total de la reestructura) pagados a bancos como Interacciones, Multiva y Banobras”, declaró.
Asimismo, desde el ocho de septiembre el PAN en el Congreso solicitó información diversa al Ejecutivo del Estado que tiene que ver con el destino de los recursos con esta modificación al decreto 22 o reacomodo que se pretende hacer. Pero hasta la fecha, el gobernador Salvador Jara ha negado la información de la lista de proveedores a los cuales se les debe más de 10 mil millones de pesos.
En los siguientes días, se discutirá la modificación del decreto 22 en el Congreso local, sin embargo el PRI podría mayoritear y votar a favor de la propuesta que envío el gobierno estatal para acceder a la reestructuración de la deuda por 9 mil 56 millones de pesos.
Finalmente, Benítez sostuvo que para bajar el nivel de la deuda el gobierno del estado debe tomar medidas administrativas “muy dolorosas” para reducir el gasto y hacer una ingeniería en la administración pública.