Emilio Rabasa, embajador de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA), explicó que el acuerdo alcanzado por el Estado mexicano con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y los familiares de los 43 normalistas desaparecidos permitirá a la CIDH elaborar un grupo especializado.

 

“Gentes probadas, con gran autoridad moral para que se constituyan aquí en México y en una primera etapa, durante seis meses, prorrogable, también en consulta con las partes, puedan ampliar la investigación”, explicó el funcionario en entrevista para Primero Noticias.

 

Rabasa reiteró que el acuerdo es un hecho sin precedentes e informó que el grupo de asistencia de la CIDH se enfocará en un programa de trabajo constituido por tres aspectos: búsqueda de personas desaparecidas, líneas de investigación y un programa de atención a víctimas. Subrayó que cada acción estará sujeta a protocolos internaciones, estándares y buenas prácticas.

 

“Hay que buscar así, hay que ayudar a las víctimas de esta manera”, ejemplificó el embajador.

 

Afirmó que al final de la investigación el grupo de la CIDH podrá emitir recomendaciones e incluso hacer denuncias penales.

 

México prevé ratificación de acuerdo con la CIDH el 18 de noviembre

 

Por otra parte, en entrevista exclusiva con Notimex, el diplomático mexicano explicó que el día de ayer (mércoles), se firmó el acuerdo adicional de asistencia técnica y se espera que quede ratificado el próximo 18 de noviembre.

 

Este acuerdo es adicional al del pasado 13 de octubre, emitido por la CIDH con cuatro medidas cautelares, es decir, obligaciones a cargo del Estado para preservar la integridad física y los derechos de las personas que fueron afectadas.

 

En esos acuerdos se incluye: que se adopten medidas para determinar la situación y paradero de los 43 estudiantes desaparecidos; acciones para proteger la vida e integridad de los estudiantes heridos; que se generen nuevas normas con los beneficiarios y sus representantes y que se informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de las recomendaciones de la CIDH.

 

“Esa es facultad y obligación diría yo exclusiva del Estado a quien van dirigidas y ahí podrían dejarlo, pero en esta ocasión ocurre algo verdaderamente excepcional; en adición a estas medidas, conjuntamente entre los representantes de los beneficiarios de las víctimas y el Estado mexicano, solicitaron a la CIDH, el 13 de octubre pasado, que incorpore al proceso de investigación y asistencia técnica”, explicó Rabasa.

 

Esto quiere decir, que no nada más se van a cumplir las medidas cautelares, se agrega la asistencia técnica, la cual implica que se integre un grupo de entre 8 y 10 expertos por parte de la CIDH, con la consulta tanto al Estado mexicano como a los peticionarios, para que vengan a hacer tres cosas:

 

Elaboración de planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas; análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales y un plan de atención integral de las víctimas.

 

“Este grupo técnico recoge los protocolos internacionales sobre esta materia, que es lo más avanzado que se tiene a nivel continental y las buenas prácticas que se han recogido y los trae, entonces conjuntamente con los órganos de procuración de justicia de México y les dice, éste es el estándar internacional en materia de búsqueda, apliquémoslo; éste es el estandar internacional para el plan de víctimas, apliquémoslo”, detalló el Embajador permanente ante la OEA, quien firmó el documento en representación del Estado mexicano.

 

Entonces, en el recuento, explicó, el 3 de octubre se dictan las cuatro medidas cautelares; unas semanas después , el 13 de octubre, acuden a la CIDH el Estado mexicano y los peticionarios a pedirle un acuerdo adicional de asistencia técnica que se presenta en el pleno de la CIDH el pasado 29 de octubre y finalmente el día de ayer 12 de noviembre, se firma éste último acuerdo.

 

El próximo martes 18 de noviembre se espera la ratificación de este acuerdo por parte del Secretario Técnico de la CIDH Emilio Alvarez Icáza. Tan pronto se integre la lista del cuerpo técnico tienen tres meses para emitir sus primeras recomendaciones. Su mandato tiene vigencia de seis meses para ser renovable en consulta con las partes por la CIDH.  DM