El senador por Guerrero, Armando Ríos Piter (PRD), afirmó que el municipio de Iguala es apenas una muestra de la fragilidad institucional por la que atraviesa el país, pues de acuerdo con investigaciones recientes –aseveró– al menos el 65% de los gobiernos municipales están infiltrados por la delincuencia.
En entrevista con 24 HORAS, el legislador del PRD aseguró que la colusión entre gobernantes y el crimen organizado no es un problema exclusivo de Guerrero y que, por el contrario, es un asunto que trastoca al Estado mexicano en su totalidad, producto de “todo un paquete de fisuras que tiene el estado de derecho de este país”.
“Casi el 65% de los municipios presenta situaciones de este tipo, colusión, corrupción, extorsión, secuestros y el hallazgo de fosas son una realidad que evidencia las falla estructurales que tenemos: malas policías, mala procuración de justicia, falta de acción preventiva, omisiones de todos los órdenes de gobierno, en fin (…) requerimos de todos los partidos políticos, porque esa fragilidad institucional es un asunto del estado mexicano, no sólo de un partido político”, declaró.
-Sin embargo parece que el PRD es el único partido que está asumiendo el costo político de esa fragilidad institucional a partir del caso Iguala, se le cuestionó “Dejar el costo a un solo partido político es un error. Lo que la clase política ahorita debiera entender es que el rechazo es más generalizado, los ciudadanos sienten que los políticos solamente ven por sus intereses y que los partidos políticos solamente se aprovechan de la sociedad”, respondió.
A decir de Ríos Piter, quien es secretario de la Comisión de Gobernación en el Senado, una de las causas que ha coaligado a autoridades y organizaciones delincuenciales es la carencia de una instrumentación al interior de los partidos políticos, que garantice la adecuada selección de candidatos, así como medidas que permitan dar seguimiento a estos una vez que han sido electos para ocupar cargos públicos.
En ese sentido, reconoce y advierte que la nueva legislación en materia político-electoral aprobada por el Congreso el pasado mes de mayo, no es suficiente para garantizar que no serán impulsados candidatos con el perfil del otrora presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca.
-¿Es suficiente con la nueva legislación político electoral para garantizar a los mejores candidatos en los próximos procesos electorales y evitar candidaturas como las de Abarca?
“No es suficiente. Hay avances en la reforma política pero el caso de Iguala te da una dimensión mucho más clara de los instrumentos todavía tan precarios que se tienen para poder filtrar al tiempo de gente que quiere participar como precandidatos y precandidatas (…) no hay instrumentos claros para poder poner en una identificación transparente y ubicar la información de cuáles son los antecedentes que pudiera tener tal o cual candidato”, advierte.
A pregunta expresa sobre si se aprobó una reforma política incompleta, el legislador perredista señaló: esta problemática no era tan evidente cómo ahora lo está en el caso de la candidatura de Abarca, quien se coludió con los criminales y que hoy nos obliga a identificar estas necesidades, estas ausencias y generar entonces condiciones institucionales y legales que permitan evitar esto.
Comments are closed.