El relator de Naciones Unidas Ariel Dutltzky señaló que en el caso de la desaparición de 43 normlalistas de Ayotzinapa a manos de policías municipales en Iguala, Guerrero, hasta ahora no se ha consignado a una sola persona por el delito de desaparión forzada.
“Todo indica que el Estado no quiere juzgar a los responsables de desaparición forzada” aseguró el relator de ONU sobre desapariciones forzadas ante la comisión especial para dar seguimiento al caso Iguala en San Lázaro.
Durante el encuentro en la Cámara de Diputados reveló que esta misma tarde se reunirá con el procurador federal Jesús Murillo Karam para ahondar en el caso.
El funcionario del organismo internacional cuestionó, además, la lentitud de las autoridades federales por investigar este ataque contra la población civil y posterior secuestro del grupo de estudiantes.
“Nos llamada la atención que la Procuraduría General de la República (PGR) tomó este caso diez días después de ataque, mientras que el protocolo internacional asienta que son vitales las primeras 72 horas de cometerse este delito”, para la resolución de casos de desapariciones, detalló.
En la reunión sostenida con integrantes de la comisión que investiga este caso, Dulitzky reclamó que un paso mínimo que debe garantizar el gobierno federal es evitar que los familiares afectados sean revictimizados.
“Un paso mínimo es la de garantizar estigmatizar a los familiares afectados, incluso, no es posible que periodistas que escriben sobre este caso, el de Iguala, sean atacados por las autoridades”.
Incluso señaló que “no es posible que periodistas que escriben sobre el caso de Iguala sean atacados por las autoridades”.
Recordó que diversos organismos internacionales han tomado constancia que en nuestro país queda la duda de aquellos procesos basados en declaraciones emitidas por personas arrestadas, “son obtenidas a través de la tortura y las investigaciones quedan en entredicho”.
Por este motivo, Ariel E. Dulitzky advirtió a los legisladores federales en emitir de manera urgente una Ley general para desapariciones forzadas, que incluya la desaparición por funcionarios del Estado o por actores privados que actúan con la tolerancia y aquiescencia del Estado mexicano.
Agregó que el Estado mexicano no cuenta con la infraestructura para sostener una investigación pericial para saber sobre la identidad de los restos encontrados en fosas clandestinas del municipio guerrerense de Iguala.
Zavaleta revira a relator: “En su país no se respetan DH”
Ante ello, la diputada Ruth Zavaleta del PVEM pidió se separe el caso de Iguala con las desapariciones forzadas de la década de los años sesenta.
La diputada federal explicó que el caso de las 43 desapariciones de estudiantes a manos de piolicías municipales no es el que se viven en todo el país.
Y ante los cuestionamientos a las omisiones y debilidades del Estado, reviró al relator Dutltzky que “en su país no se respetan los derechos humanos de los migrantes”.
Por su parte, la diputada Lizeth Rosas (PRD) aseguró que las distintas autoridades les han dado versiones diversas sobre los hechos ocurridos en Iguala el 26 de septiembre