En los últimos dos años diversas manifestaciones infiltradas por supuestos “anarquistas” derivaron en hechos de violencia y vandalismo; aunque las autoridades capitalinas y federales han realizado varias detenciones los casos se han desplomado paulatinamente.

 

Pruebas insuficientes, declaraciones sin sustento, detenciones arbitrarias y la falta de testigos creíbles son algunas de las razones por las que los jueces que revisaron los casos decidieron liberar a los inculpados. De hecho, desde los incidentes del 1 de diciembre del 2012 (conocido como “#1DMX”) van por lo menos 95 personas detenidas y luego liberadas.

 

En otros casos, los propios Ministerios Públicos optaron de abstenerse de presentar cargos ante la ausencia total de elementos para proceder en contra de las personas detenidas por la policía.

 

Apenas el pasado fin de semana, 18 personas fueron detenidas luego del ataque incendiario contra la puerta de Palacio Nacional. Horas más tarde, todos los detenidos por la policía fueron liberados tras establecerse que no tenían, en su mayoría, ninguna relación con los incidentes ocurridos.

 

Como ejemplos, entre los detenidos estaba Aurelio López Torres, quien fue sometido por los policías cuando salía de tomar un café con su hermana, o Karina Cárdenas Chávez, quien había concluido su jornada laboral en un bar de la zona.

 

1 de diciembre, 2012

 

El 1 de diciembre del 2012 decenas de manifestantes, varios de ellos encapuchados y señalados como anarquistas, se manifestaron en contra de la toma de protesta del presidente Enrique Peña Nieto y causaron destrozos con todo tipo de artefactos en las inmediaciones de la Cámara de Diputados, en calles del centro y en Paseo de la Reforma.

 

Por más de dos horas, la policía permitió los actos vandálicos hasta que finalmente recibió la orden de realizar decenas de detenciones.

 

La Procuraduría capitalina consignó a 69 de los detenidos, pero días más tarde el juez dictó auto de libertad a 56 de ellos porque no había pruebas suficientes para someterlos a proceso. En los meses siguientes otra decena de supuestos anarquistas quedó en libertad bajo fianza.

 

En diciembre del 2013, 24 HORAS publicó que la juez 47 penal determinó absolver a otro de los encarcelados, Alejandro Lugo Moran, una vez que su defensa demostró, con imágenes y fotografías, que él se encontraba en la calle de Antonio Caso y no en el sitio de los incidentes.

 

Hasta ahora solo dos jóvenes de los detenidos han sido sentenciados, aunque ambas sentencias están en apelación.

 

2 de octubre, 2013

 

El 2 de octubre del 2013 se registró un escenario similar al del #1DMX, con múltiples daños y enfrentamientos en el centro de la Ciudad de México; aunque hubo once detenidos, el proceso recayó sólo en tres personas. Dos de ellos recobraron su libertad en días recientes tras haber permanecido más de un año encarcelados.

 

Uno es Mario González García, ex estudiante del CCH Naucalpan, detenido en la calle Isabel la Católica cuando se dirigía a participar en las protestas. Los policías lo acusaron de arrojar supuestos artefactos explosivos. Una juez lo sentenció a 5 años 8 meses de cárcel.

 

La defensa del joven llevó el caso ante un juez federal, quien el pasado 30 de octubre le concedió un amparo que ordenaba su excarcelación. Se determinó que los propios peritajes de la Procuraduría no corroboraban la utilización de los explosivos y que los policías que lo detuvieron nunca vieron el momento de la supuesta agresión.

 

El otro caso fue el del comediante y activista Alejandro Bautista, detenido en Reforma cuando grababa los enfrentamientos. Al igual que en el caso de González, la “investigación” se sustentó en dichos de dos policías y el juez 40 Penal los sentenció a más de cinco años de prisión.

 

Pero la defensa llevó el caso a juzgados federales quienes ampararon y ordenaron la libertad de Bautista el pasado 4 de noviembre, tras determinar que no había una prueba seria que lo relacionara con los hechos e incluso los videos evidenciaban que el no participó en incidente alguno.

 

Las canadienses

 

 

Las jóvenes Amélie Pelletier y Fallon Poisson, originarias de Canadá, junto con el mexicano Carlos López Marín, fueron detenidos el 6 de enero por ataques con bombas molotov y petardos a unas oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT9 y a una distribuidora de autos. Todos fueron trasladados a la SEIDO, donde se decidió arraigarlos para investigarlos por terrorismo y delincuencia organizada.

 

Sin embargo, luego de 40 días no se encontraron pruebas para acusarlos de esos delitos y terminaron siendo consignados a nivel federal y local por daños solamente.

 

El 6 de noviembre un juez del DF los sentenció a 2 años 7 meses de prisión por los daños causados a vehículos, que se suma a la de 7 años 6 meses por el ataque a la SCT. Ambas sentencias ya fueron apeladas.

 

 

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