En el papel, el actual titular de la Procuraduría General de la República (PGR) Jesús Murillo Karam, cuestionado en algunos sectores por su desempeño por el caso de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, tendría asegurado su cargo hasta el año 2023, a menos que presente su renuncia.
Con la transformación de la PGR a la denominada Fiscalía General de la República (FGR), el responsable de esta dependencia ocupará el cargo nueve años, es decir, un periodo transexenal como ocurre en otras instancias separadas del Ejecutivo.
En la reforma político-electoral aprobada este año se estableció que si bien el fiscal es designado por el Senado, al momento de la transición y de que se haga la declaratoria de autonomía de la FGR, quien ostente el cargo del procurador será en automático el nuevo fiscal general.
“El Procurador General de la República que se encuentre en funciones al momento de expedirse la declaratoria a que se refiere el párrafo anterior, quedará designado por virtud de este Decreto Fiscal General de la República por el tiempo que establece el artículo 102, Apartado A, de esta Constitución”, indica el Artículo 16 transitorio de la referida reforma.
Lo anterior significa que aun cuando Murillo acumula ya dos años en el cargo de procurador, su periodo de nueve años como fiscal estaría intacto en el momento en que nazca es fiscalía. Suponiendo que a más tardar el año que viene se promulguen las leyes secundarias, el fiscal permanecerá en su puesto hasta el 2023.
Hasta julio de este año, la administración de Jesús Murillo Karam se había caracterizado por golpes importantes como el caso en contra de Elba Esther Gordillo, el del ex gobernador Andrés Granier, o el del fraude en Oceanografía. Lo anterior además de impulsar la capacitación en la PGR por el avance al nuevo sistema penal acusatorio.
No obstante, el caso de la ejecución extrajudicial en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, y la desaparición de los normalista de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, han despertado críticas respecto a la actual administración de la PGR, ya sea por supuestos retrasos al indagar ambos casos o por inconformidad con los resultados.
En ese contexto ocurrió un movimiento al frente de la SEIDO con la salida del subprocurador Rodrigo Archundia, aunque se subrayó que era un cambio programado en la reorganización de la institución. También hubo relevo en la jefatura de la Policía Federal Ministerial.
La semana pasada, versiones extraoficiales plantearon la renuncia y salida de Murillo Karam en los próximos días, para ser relevado por el actual secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete. Oficialmente no hubo respuesta a dichos señalamientos.
¿Y si hay cambio?
Mientras la FGR se encuentra en el actual periodo de transición con su ley discutiéndose en el Congreso, el Presidente tiene la facultad de remover unilateralmente al procurador o de designar a uno nuevo en caso de denuncia.
En cuanto entre en vigor la Ley de la FGR, la situación cambiará radicalmente. El presidente podría solicitar la remoción del fiscal por alguna violación grave a la Constitución, pero el Senado deberá dar su visto bueno por mayorías de dos terceras partes.
La designación de un nuevo responsable de la FGR será responsabilidad de la Cámara alta, ya no del Presidente, según las reformas al artículo 102 de la Constitución. Los senadores plantearán una lista de diez candidatos que enviará al ejecutivo el cual elegirá a tres de ellos. Posteriormente el senado realizará la selección final.
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