SEÚL. Corea del Norte amenazó con realizar una nueva prueba nuclear en respuesta a la reciente aprobación de una resolución de la ONU que busca juzgar sus “crímenes contra la humanidad” en la Corte Penal Internacional (CPI).
El régimen de Kim Jong-un considera la resolución aprobada el martes como “un acto de agresión de EU” que “no nos permite abstenernos de realizar un nuevo ensayo nuclear”, expuso el Ministerio de Exteriores de Corea del Norte en un comunicado divulgado por la agencia estatal KCNA.
La cancillería norcoreana rechazó “rotundamente” la resolución de la ONU que, “liderada por EU, busca derrocar al Estado socialista”, y también amenazó con “intensificar la capacidad de disuasión militar” del país, según el comunicado.
Corea del Norte ya expresó su rechazo el martes a través de uno de sus diplomáticos en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, Choe Myong-nam, que atribuyó la resolución a “una escandalosa e irracional campaña de EU y sus acólitos”.
El Gobierno de Corea del Sur, por su parte, expresó que si Corea del Norte lleva a cabo otra prueba nuclear “se enfrentará a una dura reacción de la comunidad internacional”, según indicó un vocero del Ministerio de Exteriores en una rueda de prensa en Seúl.
Éste afirmó que el Ejecutivo surcoreano “se preparará para cualquier situación y cooperará con la comunidad internacional (…) para evitar que Pyongyang realice provocaciones como un ensayo atómico”.
La resolución no vinculante aprobada el martes con 111 votos a favor, 55 abstenciones y 19 en contra insta a tomar medidas para que “rindan cuentas” los responsables de “crímenes contra la humanidad” en Corea del Norte, y deberá ser refrendada en diciembre por el pleno de la Asamblea.
La iniciativa busca en última instancia llevar el caso ante la CPI, algo que solo podría hacerse a través del Consejo de Seguridad, ya que Pyongyang no ha firmado el Estatuto de Roma para aceptar la jurisdicción del tribunal.
Aunque el caso llegue al Consejo se teme, sin embargo, que China y Rusia utilicen su derecho de veto para evitar que se juzguen en La Haya las violaciones de derechos humanos del régimen de los Kim, documentadas en un informe de la ONU que vio la luz en marzo.