Organizaciones de la sociedad civil denunciaron una que los 11 jóvenes detenidos tras la manifestación del 20 de noviembre están incomunicados y sin una defensa justa, esto luego de que fueran llevados a Ceferesos en Xalapa, Veracruz (los varones) y a Tepic, Nayarit (las mujeres) bajo la causa penal 45/2014A.

 

Jesús González del Instituto Mexicano para los Derechos Humanos y la Democracia dijo que hasta el momento las autoridades se han negado a dar información a los familiares sobre el estado de sus hijos o sobre los cargos que se les imputan. Incluso, niegan la revocación del abogado de oficio lo cual, piensan, es una táctica para obstaculizar su defensa.

 

González dijo que la información que tienen no es oficial, sino por rumores por lo que desconocen cuáles delitos se les imputan en lo formal. Saben que podrían ser motín, tentativa de homicidio y asociación delictuosa, todo llevado al Juzgado 17 de distrito en Xalapa, Veracruz.

 

Añadió que estas acciones son un intento por inhibir el derecho a manifestarse por lo que exigen que sean los abogados designados por las familias de los detenidos sean quienes lleven la defensa, y  los de oficio que son parte de la PGR.

 

Asimismo dijo  que la detención  de los 15 jóvenes durante las manifestaciones del 20 de noviembre en el Zócalo capitalino es una cadena de errores por parte de la autoridad.

 

“La detención de los jóvenes es una cadena lamentable de errores por parte de la autoridad”, indicó en conferencia de prensa.

 

Informó que el caso está en el juzgado 17 de distrito en Xalapa, Verecruz.

 

Jesús González  dijo que  viajarán a Veracruz para saber la situación jurídica de los jóvenes.

 

La Procuraduría General de la República  (PGR)  consignó 11 detenidos  a dos centros de reclusión en Veracruz y Nayarit por los delitos de homicidio en grado de tentativa, asociación delictuosa y motín.

 

Por su parte, Francisco Cerezo, integrante del Cómite Cerezo dijo que el objetivo de  trasladar a los 11 detenidos a un penal de máxima seguridad es que renuncien a manifestarse.

 

“El objetivo de meterlos a un penal de máxima seguridad es que renuncien a manifestarse”, señaló.

 

Informó que entre los detenidos se encuentra un trabajador del Museo de la Memoria y Tolerancia.

 

“Hay un trabajador detenidos del Museo de la Memoria y Tolerancia. Los aprendieron sin idea de nada”, dijo.

 

 

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