BRUSELAS. El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, acudirá hoy al pleno del Parlamento Europeo (PE) en Estrasburgo (Francia), rodeado por los 27 comisarios de su Ejecutivo, con motivo del debate sobre la moción de censura promovida por los eurófobos por el escándalo “LuxLeaks”.

 

La moción de censura, que será votada en la Eurocámara el jueves, fue impulsada por el grupo eurófobo conservador Europa por la Libertad y la Democracia Directa (EFDD) tras saberse que Luxemburgo pactó ventajas fiscales secretas con casi 340 multinacionales entre 2002 y 2010, entre ellas Pepsi, IKEA, AIG, Coach o Deutsche Bank.

 

Juncker, que fue primer ministro de Luxemburgo entre 1995 y 2013, ha dicho que no es el arquitecto del modelo luxemburgués, pero admitió que es “políticamente” responsable de lo que ocurrió “en cada esquina de ese país” mientras lo gobernaba.

 

“El escándalo LuxLeaks muestra que el presidente de la Comisión Juncker en su vida política siempre ha actuado para enriquecer a su país a la espalda de sus socios europeos”, declaró el eurodiputado del italiano Movimiento 5 Estrellas, integrado en EFDD, Marco Zanni.

 

Por este motivo, explicó, su partido ha decidido usar uno de los poderes de control democrático más fuertes a disposición del PE una moción de censura para pedir la dimisión de la Comisión.

 

La moción de censura, que necesitaba el respaldo de al menos 76 diputados para ser presentada al presidente del PE, Martin Schulz, logró las firmas de 44 miembros del EFDD y de 32 eurodiputados no inscritos, pero tiene pocas posibilidades de salir adelante en el pleno porque debe ser aprobada por una mayoría de dos tercios de los votos emitidos y por mayoría de los diputados que integran el PE, según el reglamento del hemiciclo.

 

Juncker ha recalcado que no hay “ningún conflicto de intereses” con su actual cargo, dado que se ha hecho todo conforme a la legislación nacional e internacional.

 

Además, ha recordado que la CE abrió en junio una investigación sobre el régimen fiscal que aplican Irlanda, Holanda y Luxemburgo a Apple, Starbucks y Fiat, respectivamente, para determinar si se trata de ayudas de Estado ilegales.

 

Los denominados “tax ruling” son legales, confidenciales y permiten que las empresas soliciten por adelantado a la administración del país conocer qué tratamiento fiscal se les va a aplicar, obteniendo además ventajas fiscales.

 

Tampoco se limitan únicamente a Luxemburgo, sostiene Juncker, que ha afirmado que las normas nacionales de los Estados miembros de la UE difieren y que ello resulta a veces “en una tasa impositiva que no corresponde plenamente a una fiscalidad justa” o a unos “estándares éticos y morales” generalmente aplicados.

 

Pero ello se debe a que “no hay una armonización fiscal en Europa”, argumentó a mediados de mes.