Las acusaciones en contra de las 11 personas consignadas por los hechos violentos en el Zócalo, tras la marcha del 20 de noviembre, es escasa ya que sólo se sustentan en la declaración de cinco policías federales, así lo dieron a conocer los abogados defensores.
Durante una conferencia de prensa, Abogados del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, Equifonía, y de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y de Cauce Ciudadano revelaron detalles del expediente del caso en Xalapa, Veracruz, donde está el penal en el que fueron internados ocho de los 11 detenidos.
Los litigantes expresaron su preocupación en relación con la escasa evidencia utilizada contra los 11 detenidos a la vista de múltiples testimonios que refieren acciones generalizadas de detención arbitraria.
Los 11 personas: Hillary Analí González Olguín, Liliana Garduño Ortega, Tanía Ivón Damián Rojas, Ramón Domínguez Patlán, Atzín Andrade González, Juan Daniel López Avíla, Luis Carlos Pichardo Moreno, Francisco García Martínez, Hugo Bautista Hernández, Roberto César Jasso del Ángel y Laurence Maxwell Ilabaca, son acusados de tentativa de homicidio, motín y asociación delictuosa.
Alejandro Jiménez, abogado de seis de los 11 detenidos, aseveró que dichas acusaciones se sustentan en escasa y endeble evidencia.
Los policías aseguraron que los detenidos habían participado “en las agresiones y ataques a Palacio Nacional y al grupo de seguridad que custodiaba las instalaciones”, el pasado 20 de noviembre.
Los abogados resaltaron que en ninguno de los detenidos se encontraron rastros de explosivos o detonación alguna, y no existen rastros de los petardos, piedras y palos utilizados, pues al intentar recuperar la evidencia, la plancha del Zócalo ya había sido limpia.
De acuerdo a las averiguaciones, se establece que las 11 personas no sólo participaron en los hechos violentos, sino que se tenían la intención de quitarle la vida a un policía.
La autoridad concluyó en este expediente, indican los abogados, que estas personas estaban organizadas en una asociación delictuosa, afirmándolo con base en un informe rendido por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), aunque dicho informe no vincula a los detenidos del Zócalo con grupos anarquistas. DE