El espíritu de la minuta que entregó la Cámara de Diputados al Senado el año pasado es para que los servidores públicos respondan ante la justicia y no se escuden en el desempeño de sus cargos públicos, afirmó a 24 HORAS el presidente de la comisión de Puntos Constitucionales, Julio César Moreno Rivera.
“Con esta reforma aspiramos a que los servidores públicos, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados, los secretarios de despacho, los diputados locales, el Procurador General de la República, los gobernadores, el procurador del Distrito Federal, por señalar algunos más, respondan ante la justicia penal, que no se escuden en el desempeño de sus cargos públicos”, afirmó.
Ayer, este diario reveló que en el país existen más de cinco mil servidores públicos con fuero constitucional, la mayoría presidentes municipales y diputados locales, lo que a consideración de Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, les abre un camino para la impunidad.
En este sentido, el perredista dijo que a través de los años el poder político y el autoritarismo han hecho equivalente la inmunidad con la impunidad, “desvirtuando por los inercias políticas del concepto mismo del fuero constitucional y generalizando en la ciudadanía una actitud de condena y de rechazo hacia el ejercicio de algunos servidores públicos”.
“En México, de los intocables –siguen más vivos que nunca– ahí están los ex gobernadores Andrés Granier, en Tabasco, y Humberto Moreira, en Coahuila, por decir unos de muchos ejemplos de corruptos que siguen tan campantes”, recordó por su parte Ricardo mejía Berdeja (MC).
A su vez, el panista Marco Aguilar Vega afirmó que con la minuta, que ahora se encuentra congelada en el Senado de la República, “pretendemos dar un avance sustancial, particularmente en la figura que más ha deshonrado constitucionalmente el cargo parlamentario”.
Paulina Alejandra del Moral Vela (PRI) expresó que su grupo parlamentario ha manifestado estar a favor de suprimir el fuero. “Esto no se deja ni deja expuesto el trabajo legislativo, se da paso a la inmunidad constitucional o de servidores públicos, que no es otra cosa que agotar las garantías procesales que a toda persona y toda persona tiene derecho”.
“Es decir, no se trata de judicializar a diestra y siniestra, ni el trabajo legislativo, ni ningún otro servicio público; se trata, sí, de que como legisladores enfrentemos con responsabilidad los asuntos judiciales a que podamos estar expuestos en lo personal, sin menoscabo alguno del trabajo legislativo que el pueblo nos confirió con su voto”, dijo.