A 10 días de que en Ciudad Universitaria un joven e incluso a una perra fueran heridos de bala no hay una sola persona acusada ante un juez de haber hecho los disparos, pues oficialmente no se sabe quién disparó.
Horas después del incidente ocurrido el 15 de noviembre, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) señaló en un comunicado que el agente judicial Luis Javier Aguinaga Saavedra “había reconocido” que realizó disparos al aire para responder a una agresión de supuestos estudiantes.
Sin embargo, como se dio a conocer el miércoles pasado, el Ministerio Público consignó al referido agente ante un juez de delitos no graves, acusándolo sólo de lesiones simples, sin la agravante de haberlas hecho con un arma de fuego y sin considerar delitos más graves como tentativa de homicidio. El policía alcanzó fianza.
Según medios nacionales que citaron fuentes ministeriales, no hubo acusación por los disparos, ya que la prueba científica y pericial para certificar que el policía accionó un arma de fuego, dio un resultado negativo. Se añadió que se indagaría quién, entonces, hizo los disparos.
Pero hasta el día de ayer la Procuraduría no había dado a conocer alguna nueva detención y consignación por los disparos en el campus universitario. Autoridades de la dependencia dijeron a 24 HORAS que el caso sigue abierto, pero no dio mayores detalles.
Las fotografías del incidente ocurrido en Ciudad Universitaria, ampliamente difundidas en redes sociales, mostraron claramente a Miguel Ángel Ordaz Agustín y a la perra, de nombre Mika, con heridas por los disparos, pero quien accionó la pistola es en términos judiciales un misterio.
Sólo el agente iba armado
Como este diario publicó el 18 de noviembre, el operativo que la PGJDF realizó el sábado en que ocurrieron los incidentes estaba relacionado con denuncias por asaltos a estudiantes universitarias en las paradas del Pumabús. Para ello se desplegó un equipo ministerial al lugar del último atraco.
En la diligencia participaron oficiales del Ministerio Público, peritos, un representante legal de la UNAM así como un policía de Investigación. De todos ellos solamente el agente judicial cuenta con la licencia de la Secretaría de la Defensa Nacional para portar un arma de fuego.
En ese contexto, Aguinaga Saavedra reconoció en sus primeros comentarios, según lo informado oficialmente tras el incidente, que realizó disparos para defenderse. Autoridades ministeriales indicaron que los policías que llegaron a asistir al equipo de la PGJDF, entre ellos el policía preventivo Juan Raúl Rodríguez, también conocieron de una versión similar.
Horas después del incidente en el que resultó herido, Ordaz Agustín fue trasladado al Ministerio Público para que rindiera declaración de lo sucedido y también ratificó que fue lesionado por un disparo del agente judicial
Pruebas ignoradas
La prueba de rodizonato de sodio es usado en criminalística para confirmar que una persona accionó un arma de fuego y se hace mediante la detección de residuos en cantidades microscópicas que quedan en la mano tras disparar. Dicha prueba se practicó al agente Aguinaga Saavedra pero según la información difundida mediáticamente, los resultados fueron negativos.
De acuerdo con lo publicado en el sitio web Criminalistica.mx existen otros exámenes para verificar si alguien disparó, como la de Parafina, Harrison Gilroy, la espectrometría de ICP-Masas, pero la PGJDF no aplicó ninguno de ellos.
En vez de eso el Ministerio público acusó al policía de lesiones simples y abuso de autoridad, delitos por los cuales se le fijó una fianza de 133 mil pesos para que no fuera encarcelado. Aguinaga se reservó su declaración preparatoria y ya no ratificó que él hubiera disparado.
En caso de que se hubiera agregado la agravante de lesiones con arma de fuego, el Ministerio Público lo hubiera considerado un delito grave y remitido el expediente ante un juez penal de algún reclusorio. Incluso podría haberse considerado un intento de homicidio.
Dado que existe evidencia de que sí se realizaron disparos y hay un lesionado, en la PGJDF indicaron que se analiza la posibilidad de que fuera otro funcionario, como el oficial ministerial Rodolfo Lizárraga el que hubiera disparado, pero hasta ahora no se han formulado nuevos cargos.
Bajo la lupa el MP universitario
Luego del incidente del pasado 15 de noviembre en Ciudad Universitaria, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) inició una revisión de los protocolos de actuación de la Agencia del Ministerio Público especializada en Atención a la Comunidad, con el objetivo perfeccionarlos y evitar incidentes posteriores.
La referida agencia, inaugurada a finales del año 2011, sí tiene jurisdicción para indagar delitos cometidos dentro del campus universitario en colaboración con representantes jurídicos de la máxima casa de estudios.
No obstante, autoridades de la PGJDF indicaron que por instrucciones del procurador se inició un procedimiento de revisión de la agencia para verificar cómo se están realizando las diligencias, así como de los resultados de las investigaciones que tiene en curso.
Mientras lo anterior se lleva a cabo, la PGJDF continua atendiendo denuncias que se presenten en Ciudad Universitaria peor a través de la Fiscalía Desconcentrada en Coyoacán.
De acuerdo con datos oficiales del Gobierno del Distrito Federal, en los últimos dos años la Agencia del Ministerio Público especializada en Atención a la Comunidad ha iniciado 458 averiguaciones previas así como 314 actas especiales por presuntos delitos denunciados por la comunidad universitaria.