Hace dos semanas la Cámara de Diputados aprobó para 2015 el presupuesto de gasto público más alto de la historia: Poco más de cuatro billones 694 mil millones de pesos se erogarán el próximo año en remuneraciones a burócratas, pensiones de jubilados, todo tipo de gastos administrativos y operativos, compra de insumos y diversas inversiones en infraestructura, equipos y maquinarias. Es decir, gastos de toda índole a través de miles de operaciones.
Sólo para darnos una idea de la magnitud de lo que esto significa le doy un par de ejemplos: En el rubro llamado México en Paz -que incluye gastos en orden, seguridad y justicia- el presupuesto para 2015 asciende a 188 mil millones de pesos; mientras que para educación el presupuesto aprobado supera los 699 mil millones de pesos. En ambos casos el gasto asignado para 2015 será mayor respecto a lo ejercido en 2014, una tendencia que ya se ha hecho costumbre en los últimos años.
Como se puede ver, los montos de gasto asignados anualmente no sólo son considerables, sino crecientes; aunque en una gran cantidad de casos los resultados no los justifiquen. Es el caso, por ejemplo, de los elevados presupuestos públicos destinados a la seguridad y justicia y también a la educación pública; ámbitos en los que -a pesar de los gastos crecientes- los resultados son mediocres y en los que seguimos enfrentando serios problemas de rezagos como lo muestran las evaluaciones periódicas que realizan organismos independientes tanto nacionales como internacionales.
Asimismo, la poca eficiencia del gasto público, asociada a una deficiente planeación de los proyectos, a una excesiva burocracia y a una corrupción siempre presente, ha sido cuestionada en diversas ocasiones desde la sociedad civil encontrando generalmente oídos sordos tanto en la Secretaría de Hacienda como en las comisiones respectivas del Congreso.
Aquello ya es rutina. Mientras que algunos ciudadanos, periodistas, organizaciones civiles y think tanks desnudan facetas de la ineficiencia del gasto público y de la corrupción sistémica, los legisladores y funcionarios públicos hacen caso omiso a estos señalamientos limitándose sólo a apagar los pequeños incendios mediáticos provocados por los primeros. Pero eso es todo. Simplemente no pasa nada y la prueba es que en el presupuesto del año siguiente los legisladores -en contubernio con los funcionarios públicos federales y estatales- vuelven a repartirse el gasto a su antojo.
El caso de los llamados “moches” así lo ilustra. Después de los escándalos de corrupción revelados en los últimos dos años con las partidas discrecionales que se asignan los diputados para obras de pavimentación y remodelación de escuelas y centros culturales y deportivos en sus distritos electorales; para 2015 han vuelto a asignarse un fondo de cinco mil millones de pesos bajo la misma trama y con el mismo cinismo de siempre.
Así que el presupuesto de Egresos de la Federación se ha convertido en la mayor apropiación de lo público por unos cuantos privados. Una cultura de la corrupción conocida y tolerada por todos y que se reproduce limitando la actuación de la Auditoría Superior de la Federación y acotando cualquier intento de creación de una institución anticorrupción con plenos poderes.
Es sabido que la ineficiencia y la corrupción del gasto público no pueden corregirse desde dentro. Es una mentira. Para cuidar los pesos de los contribuyentes previstos en el presupuesto anual del gasto público se requieren instituciones externas con una gran fortaleza jurídica y con una importante participación ciudadana.
La oportunidad política para llevarlo a cabo está aquí. El presidente y su gobierno viven una crisis de credibilidad y legitimidad que ha debilitado su liderazgo moral para encabezar cualquier iniciativa sobre combate a la corrupción y rendición de cuentas.
Ahora es tiempo de que la oposición en el Congreso, PAN y PRD, asuman su responsabilidad a fondo en estos asuntos. No hacerlo o jugar al juego de la simulación los hará cómplices de una corrupción en el sector público de la que la sociedad ya está harta.