BUENOS AIRES. El Gobierno argentino afirmó que “no existe independencia del Poder Judicial” y que éste actúa en connivencia con la oposición, en relación a la investigación a la que está sujeta una empresa hotelera de la que la presidenta Cristina Fernández es accionista.

 

“Solo existe independencia respecto del Gobierno, (el Poder Judicial) no es independiente de grupos corporativos ni independiente de la oposición, actúa con una estrategia clara y deliberada” dijo el jefe de Gabinete del Ejecutivo, Jorge Capitanich, durante su rueda de prensa diaria.

 

Capitanich cargó de nuevo contra la Justicia debido a la investigación impulsada por el magistrado Claudio Bonadío sobre presuntas anomalías administrativas en la empresa Hotesur, gestora del lujoso hotel Alto Calafate, en la provincia de Santa Cruz, en la Patagonia, de la que Cristina Fernández es accionista.

 

Bonadío ordenó allanar la sede de Hotesur en Buenos Aires el pasado jueves a raíz de una denuncia presentada por la legisladora opositora Margarita Stolbizer, quien acusa a Fernández y a otros cargos del Gobierno, como el ministro de Justicia, Julio Alak, de violar los deberes de funcionario público y de abuso de autoridad en la gestión de la empresa.

 

Capitanich insistió en que se trata de una estrategia de “golpismo activo” para “hostigar al gobierno” a través de la actuación complementaria entre grupos económicos concentrados, grandes medios opositores y el Poder Judicial.

 

“Todo el tiempo el Poder Judicial hace política partidaria, corporativa”, sentenció el funcionario, mientras que desde la Justicia acusan al Gobierno de tratar de amedrentar a los magistrados.

 

En la denuncia, Stolbizer asegura que el Hotel Alto Calafate, un establecimiento de lujo situado en la villa turística de El Calafate (sur), podría ser un alojamiento “fantasma” usado en su momento por Cristina Fernández y su ya fallecido esposo Néstor Kirchner para hacer negocios irregulares junto al empresario Lázaro Baez, el cual es investigado por la justicia.

 

Según medios locales, Hotesur habría acordado alquilar casi un millar de habitaciones al mes a Lázaro Báez durante dos años, sean o no ocupadas.

 

En la denuncia, Stolbizer afirma que la sociedad adeuda la entrega de sus balances desde 2011 y la declaración jurada ante la Inspección General de la Justicia (IGJ), encargada de fiscalizar las sociedades comerciales.

 

Por su parte, Hotesur emitió este domingo un comunicado en el que aseguró que ha cumplido con “todas sus obligaciones contables y fiscales en tiempo y forma”, como así también con sus compromisos ante el Fisco.

 

Otra de las presuntas irregularidades provendría del balance de 2010, que, según medios locales, se habría aprobado en una asamblea realizada en Buenos Aires, donde Hotesur ya no tenía domicilio legal.