Para la Contraloría General del Distrito Federal no es imposible el cobro de poco más de 22 mil millones de pesos por las sanciones económicas relacionadas con las irregularidades halladas en la construcción de la Línea 12 del Metro.
No obstante, admite que los señalados podrían inconformarse legalmente por el monto “exorbitante” de las sanciones económicas, ante lo cual el GDF ya prepara “toda la contención jurídica” para defender las multas y garantizar su pago.
“Nosotros realizaremos toda la contención jurídica para tratar de ejecutar las sanciones que se están fijando”, aseguró el contralor capitalino, Hiram Almeida, a pregunta expresa sobre la posibilidad de que las multas, por su alto monto, sean incobrables.
Sólo el ex director de Construcción de Obras Civiles del Proyecto Metro, Moisés Guerrero Ponce, tiene una sanción económica que asciende a cinco mil 598 millones 87 mil 682 pesos, monto que equivale a una cuarta parte del costo total de la Línea Dorada, que fue de 22 mil 67 millones.
Entrevistado luego de un acto oficial en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Almeida Estrada señaló que su equipo se mantendrá a la “expectativa de si existe alguna recurrencia por parte de los sancionados”.
De ser el caso, añadió, “nosotros también generaremos las acciones jurídicas correspondientes en defensa de las sanciones que se han impuesto y de las resoluciones que determinaron éstas”.
Más tarde la Contraloría del Gobierno del Distrito Federal (GDF) emitió una tarjeta informativa en la que precisa que las multas se fijaron “con base en la gravedad de la infracción, las consecuencias jurídicas y económicas de la conducta desplegada, la reincidencia en el incumplimiento de sus obligaciones, y las circunstancias particulares del caso”.
Además aclara: “la sanción económica impuesta a los servidores públicos es independiente de las acciones legales y administrativas que dispone la Administración Pública para exigir al consorcio y a las empresas supervisoras que incumplieron con sus obligaciones contractuales”.