Los tres procedimientos administrativos sancionatorios que comenzó la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por la presa del rancho Pozo Nuevo, propiedad del gobernador de Sonora Guillermo Padrés Elías, podrían acabar en multas de entre 100 mil y un millón 345 mil pesos cada uno.
Esta semana el director de Conagua, David Korenfeld Federman, no precisó cuáles son las acusaciones específicas contra Padrés Elías bajo el argumento de que el artículo 14 de la Ley de Transparencia se lo impedía al tratarse de un procedimiento abierto. Lo único que precisó es que los procedimientos son por violaciones a la Ley de Aguas Nacionales y que las multas, en caso de encontrarse culpable, son de entre mil 500 y 20 mil salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal cada una.
De acuerdo al artículo 119 de la Ley de Aguas Nacionales enumera 24 motivos por los cuales las personas físicas o morales recibirán sanciones, entre ellas explotar, usar o aprovechar aguas nacionales sin el título respectivo; modificar o desviar los cauces, vasos o corrientes cuando sean propiedad nacional, sin el permiso correspondiente o por ocasionar daños ambientales considerables o que generen desequilibrios, en materia de recursos hídricos.
Y en el siguiente artículo se aclara cómo serán estas sanciones por violar lo dispuesto por la Ley de Aguas Nacionales.
“Las faltas a que se refiere el Artículo anterior serán sancionadas administrativamente por la Autoridad del Agua (Conagua) con multas que serán equivalentes a los siguientes días del salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en el momento en que se cometa la infracción”, dice el artículo 120 de la Ley, que además aclara que eso es independiente a otras sanciones por violar otras leyes.
Korenfeld Federman también explicó que otras de las posibles sanciones serían la pérdida de concesiones de los pozos de su rancho y la destrucción de la presa, aunque esto ya pasó de forma natural, luego de que el paso del huracán Odile la reventara en septiembre pasado.