En la pantalla de la computadora de Alberto Herrera de repente apareció un alerta. Individuos que decían pertenecer al Cartel del Golfo habían detenido unos vehículos que transportaban sustancias químicas por una región al noreste del país, donde impera la anarquía. Capturaron a dos conductores de un camión escolta y exigieron que les entregasen el valioso cargamento a cambio de su libertad.

 

Gigantescos monitores de pantalla plana mostraban la ubicación de decenas de vehículos con cargamentos codiciados por los delincuentes: jeans de diseñador, obras de arte y ejecutivos por los que se podría pedir rescate.

 

Las conversaciones telefónicas y el sonido de comunicaciones radiales eran típicos de una oficina policial, pero este era un centro de emergencias de International Private Security, una compañía con sede en México que ayuda a clientes de todo el mundo como PepsiCo, Audi y BP a hacer negocios en regiones azotadas por el crimen organizado.

 

En el escritorio de Herrera, había una línea directa con la Policía Federal, pero tenía orden de este cliente de no usarla. El equipo negociador del cliente fue el que se encargó de gestionar la liberación de los conductores y del cargamento. “No querían que llamásemos a la policía”, comentó Herrera, de 32 años. “La gente no siempre confía en la policía”.

 

Fuerzas policiales son consideradas incompetentes y/o corruptas

 

La desconfianza en las fuerzas encargadas de mantener el orden ha hecho que las firmas de seguridad privadas sean un gran negocio en América Latina, donde la mayor parte de las fuerzas policiales son consideradas incompetentes y/o corruptas. En la región más peligrosa del mundo, un ejército de casi cuatro millones de agentes privados genera una industria que crece a un ritmo del 9% anual y que para el 2016 podría mover 30 mil millones de dólares, según proyecciones. Más que las economías de Panamá o Uruguay.

 

IPS ha duplicado la cantidad de empleados en los últimos cinco años y cuenta hoy con cuatro mil personas. En toda la región, la relación entre guardias privados y policías es muy superior al promedio mundial de dos por uno. En Brasil hay cuatro agentes privados por cada policía, en Guatemala cinco y en Honduras casi siete.

 

“El sector privado debería complementar” a la policía, sostuvo Boris Saavedra, profesor de seguridad nacional del Centro para Estudios de Defensa Hemisféricos con sede en Washington. “Pero en algunos países no son algo complementario, son el actor principal”.

 

Si bien las organizaciones de seguridad privadas florecen en todo el mundo, en América Latina ese boom está relacionado con un aumento en las tasas de homicidios, secuestros y extorsiones. Azotada por los carteles de las drogas y por violentas pandillas, América Latina desplazó a África como la región con la tasa de asesinatos más alta del mundo.

 

Los guardias privados son parte de la vida diaria en las ciudades de América Latina.

 

Con sus rifles y sus chalecos a prueba de balas, custodian panaderías y hasta la distribución de colchones, Coca Cola y embutidos. Emplean audífonos y esconden sus pistolas debajo de sus trajes oscuros mientras acompañan los hijos de los ejecutivos a la escuela.

 

La seguridad privada no es la solución 

 

Pero no son la solución para la delincuencia desenfrenada. Ofrecen protección a los ricos y a sectores de la clase media, dejando librada a su suerte a la mayoría pobre de la población en una región con la peor disparidad de ingresos del mundo, de acuerdo con el experto en ciencias políticas Rafael Fernández de Castro, coordinador del equipo que produjo el informe del año pasado de las Naciones Unidas sobre la seguridad en América Latina.

 

Los pobres se las arreglan como pueden: forman organizaciones comunales de vigilancia o le pagan a los maleantes para que no los molesten.

 

“Hay mucha desconfianza en la gente, actúan en forma independiente”, declaró Fernández de Castro. “Eso genera un terreno fértil para el crimen organizado”.

 

Los traficantes de drogas imponen el terror y a menudo compran a la policía para que trabaje para ellos. Policías de Guerrero han sido acusados de entregar 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa a una banda de traficantes de drogas que, según las autoridades, los mataron en septiembre.

 

Crímenes como ese contribuyen al estado de temor. Las colinas y desiertos de la zona rural de México son sitios donde van a parar los cadáveres quemados y mutilados de las víctimas de los narcos. En un suburbio de clase media de Buenos Aires, Jorge Kiss dice que fue secuestrado y robado tres veces en su casa a pesar de que su vecindario tiene un guardia privado.

 

Falta de fe en la justicia oficial

 

La inseguridad es tan prevaleciente que el 13% de los latinoamericanos, casi 75 millones de personas, siente la necesidad de mudarse para escaparle a la delincuencia, según las Naciones Unidas. El temor a las pandillas es una de las principales razones por las que miles de centroamericanos, incluidos menores no acompañados, tratan de llegar a Estados Unidos.

 

La falta de fe en la justicia oficial a veces hace que las víctimas tomen la justicia en sus propias manos. Hace varias semanas, algunos individuos trataron de robarle sus pertenencias a un hombre en un atestado autobús de la Ciudad de México. Pero fueron ahuyentados por un pasajero que les disparó con una pistola. Todos escaparon menos dos, uno que fue alcanzado por un disparo y murió en el mismo bus y otro que falleció tras haber huido.

 

En tiempos recientes se han registrado linchamientos en sitios donde jamás se había escuchado de ese tipo de episodios, incluida Argentina. En el centro de Guatemala, una turba mató a golpes a Alfonso Cu tras acusarlo de haber abusado de un niño de tres años en un baño público.

 

“Eso crea un vacío en la identidad del ciudadano, un sentimiento de estar desvalido ante tanta violencia, y ahí se dispara el instinto y no la razón”, expresó el psicólogo guatemalteco Marco Antonio Garavito.

 

La inoperancia de la policía obedece en parte a la historia de la región. Los agentes generalmente protegen a gobiernos, no a las personas. A medida que se impone la democracias, muchos departamentos de policía no cambian de proceder, aunque hay excepciones como las de Chile, Uruguay y Nicaragua.

 

Una reforma verdadera de las fuerzas públicas requeriría un cambio de filosofía y de capacitación a largo plazo, y los efectos no se varían por generaciones. Es así que los políticos optan por soluciones rápidas, que pueden tener impacto en el electorado: más gastos en equipo y patrulleros, comentó Gerardo de Lago, director de seguridad de las Laureate International Universities.

 

Esas actitudes no hacen nada por librar a los departamentos policiales de manzanas podridas. “Permanecen los mismos bandidos, con uniformes nuevos”, afirmó de Lago.

 

La proliferación de guardias de seguridad privados, por otro lado, puede tener resultados imprevisibles. Se trata de una industria que surgió tan de repente que todavía no está debidamente regulada. Y quienes contratan sus servicios no saben exactamente qué están contratando.

 

Varia calidad de las guardias de seguridad privada

 

La calidad de estas fuerzas varía. Algunos agentes han sido entrenados por ex comandos israelíes y cobran sueldos típicos de la clase media por proteger ejecutivos de grandes empresas. Otros se las arreglan con menos. Un policía hondureño jubilado de 56 años dijo que le dieron un machete para que vigilase una clínica y ganaba 190 dólares al mes.

 

En general, sin embargo, los guardias de seguridad privados de América Latina son los que tienen más armas en el mundo, diez veces más que los de Europa Occidental, según un estudio del 2011 del Instituto de Graduados de Ginebra.

 

“Guardias privados mal entrenados y que portan pistolas hacen que los tiroteos resulten más peligrosos para los transeúnte inocentes”, afirmó el Departamento de Estado estadounidense el año pasado en un informe para el Buró de Seguridad Diplomática.

 

La mayoría de estas agencias de seguridad privadas de la región no tienen licencias formales, por lo que no hay estadísticas confiables sobre la cantidad de muertes y demás delitos en los que se ven envueltos.

 

En Buenos Aires apenas 150 de 15 mil guardias de locales nocturnos completaron cursos básicos para esa actividad, de acuerdo con el Centro Regional para la Paz, el Desarme y el Desarrollo de América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas. En Costa Rica el 20% de las empresas de seguridad privadas fueron investigadas en el 2012 por distintas infracciones, incluida la de obstruir el trabajo de la policía y por abusos en general.

 

En Venezuela, Julio Delgado, quien ayudó a formar una asociación de guardias de seguridad privados, calcula que el 25% de sus colegas ha cometido delitos violentos en sus horas libres.

 

Los custodios de un legislador venezolano fueron acusados de complotar con paramilitares colombianos para matar al congresista en octubre. Las autoridades brasileñas dijeron este mes que un guardia privado de 26 años confesó haber matado a 39 personas, muchas de ellas al disparar indiscriminadamente desde su motocicleta por diversión.

 

En México, el director de Elite Systems, firma de Guadalajara que ofrece protección y servicios de alarma, Arnoldo Villa Sánchez, fue acusado por el gobierno estadunidense de ser el jefe de seguridad del cartel encabezado por Héctor Beltrán Leyva antes del arresto del capo en octubre. Se sospecha asimismo que Elite Systems, que empleaba 150 personas, habría lavado dinero del narcotráfico.

 

Los propios expertos en seguridad corren peligro. Un guardia de un barrio fue el principal sospechoso en un robo ocurrido en el 2011 en la casa de Bogotá de Daniel Linsker, encargado de las operaciones en América Latina de la firma de seguridad Control Risks.

 

“Incluso cuando tienes guardias en los edificios y tomas precauciones, pueden pasarte cosas”, afirmó Linsker.

 

IPS es una de las firmas que investigan los antecedentes de potenciales empleados, incluido el uso de detectores de mentira, cuando se tiene noticias de ingresos inesperados, de acuerdo con su director general Armando Zúñiga. Su personal está registrado en un banco de datos de la policía y la compañía tiene la licencia correspondiente para operar. En un esfuerzo por contar con una fuerza inmaculada, cuando busca personal IPS aclara que no quiere ex policías ni militares desertores.

 

Quienes no tienen recursos para contratar sus propias fuerzas de seguridad hacen lo que pueden para evitar correr riesgos e incluso le pagan a los grupos que los amenazan.

 

En El Salvador, Guatemala y Honduras, los maras, pandillas nacidas en las prisiones de Estados Unidos en las décadas de 1970 y 1980 gobiernan numerosos barrios. Sus filas se renuevan con elementos locales y la llegada constante de nuevos deportados por Estados Unidos y las bandas asesinan, violan, roban y extorsionan a comerciantes a cambio de protección.

 

“Ellos son la ley”, afirmó Josefa Martínez, cuyo barrio al norte de San Salvador es controlado por la Mara Salvatrucha. “Si puedes, dales un poquito a los pandilleros y no te van a molestar. Aquí casi todos les dan dinero, esa es la verdad… Tenemos que aprender a vivir así”.

 

En Guatemala hay barrios de clase media que parecen prisiones, rodeados por muros altos, alambres de púas y garitas con puertas de hierro. En una garita que bloquea lo que se supone es una calle pública, un cartel promueve clases de aeróbicos y Zumba junto a otro que advierte que todo autobús y servicio de entregas a domicilio será revisado.

 

“Hoy nadie está seguro”, declaró Raúl Perdomo, ejecutivo bancario de 44 años que vive en un barrio amurallado en las afueras de San Salvador. “Vivo en una residencial (colonia o barrio) privada, hay vigilantes (seguridad privada) en la entrada. Es un lugar tranquilo, pero afuera es diferente”.