La senadora del PAN, Laura Angélica Rojas demandó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigar la legalidad de las contrataciones públicas realizadas por el Gobierno Federal con la empresa Grupo Higa y las compañías en las que el empresario es socio o accionista.

 

En un comunicado, la legisladora indicó que esta acción se debe realizar ante el posible riesgo de incurrir en un conflicto de interés derivado de la relación personal entre el Presidente Enrique Peña Nieto y Juan Armando Hinojosa Cantú, director de Grupo Higa.

 

Consideró que la SFP tiene la oportunidad y la obligación de probar que, aún y cuando es una dependencia de la Administración Pública Federal, las instituciones en México si funcionan al dar cauce efectivo a una investigación y, en su caso, sancionar cuando así proceda.

 

Al presentar un punto de acuerdo, la también integrante de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, solicitó exhortar a la Función Públca a rendir un informe detallado de las contrataciones que la Administración Pública Federal ha realizado del 2010 a la fecha con Grupo Higa; Constructora Teya; Inmobiliaria del Centro; Eolo; Publicidad y Artículos Creativos, S. A. de C. V., y Consorcio IGSA Medical del Perú.

 

Lo anterior, luego de la serie de acontecimientos que suponen infracciones a las leyes administrativas que rigen al servicio público y la sospecha de posibles actos de corrupción, como la cancelación del tren México-Querétaro que había ganado Grupo Higa y la “Casa blanca” de Sierra Gorda.

 

Precisó que el informe que deberá presentar la dependencia federal deberá incluir los procedimientos de contratación llevados a cabo por entidades o dependencias de la Administración Pública Federal a través de licitaciones públicas o adjudicaciones directas.

 

Así como constancias del procedimiento, convocatorias o bases, actas de las juntas de aclaraciones, propuestas técnicas y económicas recibidas, dictámenes de evaluación de ofertas, fallo de adjudicación y el contrato suscrito.

 

También tendrá que considerar, en caso de que el contrato haya derivado de algún procedimiento de excepción a la licitación pública, la justificación técnico jurídico administrativa, estudios de mercado; así como específica si se realizaron actos de fiscalización y/o control por parte de la SFP o sus órganos internos de control.

 

Rojas Hernández resaltó que los mexicanos no podemos pagar las consecuencias de decisiones de dudosa ética pública, como sucedió ante la polémica cancelación de la licitación del tren México-Querétaro por la que se deberán desembolsar del erario 590 millones de pesos por gastos no recuperables.

MG