En su mensaje a la Nación donde anunció un “decálogo” de acciones para que México viva en paz, con justicia y desarrollo, el presidente Enrique Peña Nieto reconoció que existen “dos Méxicos”: El de los ricos y el de los “jodidos”.
Y los describió de la siguiente manera: Uno inserto en la economía global, con crecientes índices de ingreso, desarrollo y bienestar. El otro cada vez más pobre, con rezagos ancestrales que no han podido resolverse.
Abundó sobre el “México jodido”: La desigualdad regional cada vez es mayor en los estados de la frontera norte y del Bajío, respecto a los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Mientras que en los primeros su Producto Interno Bruto per cápita creció 40% en los últimos 20 años, en los segundos prácticamente no aumentó. Peor aún. Estas disparidades, lejos de reducirse, se están ampliando con el paso del tiempo.
Y sugirió lo que el viejo PRI de Ernesto Zedillo había planteado al iniciar su tercer año de gobierno: Una estrategia de desarrollo integral inmediata para el sur del país.
En su mensaje del jueves pasado, el presidente Peña Nieto señaló que la gravedad del momento nos debe llevar a innovar y a proponer lo que nunca se ha intentado:
Crear nuevos polos de desarrollo industrial en esta región, para generar empleos formales y bien remunerados. Propuso algo histórico, según él: establecer tres zonas económicas especiales en la región más atrasada del país.
Una será el Corredor Industrial Interoceánico, en el Istmo de Tehuantepec, que conectará al Pacífico con el Golfo de México; la segunda, en Puerto Chiapas; y la tercera, en los municipios colindantes al Puerto de Lázaro Cárdenas, tanto de Michoacán, como de Guerrero.
Una zona económica especial es un área en la que se ofrece un marco regulatorio e incentivos especiales para atraer a empresas y generar empleos de calidad; deberá tener infraestructura moderna, condiciones de seguridad, financiamiento preferencial de la Banca de Desarrollo, facilidades adicionales para el comercio exterior, así como importantes descuentos en los impuestos y contribuciones al IMSS y al Infonavit, especificó.
Para que las zonas económicas especiales sean un realidad, se requiere de la participación del sector privado y de un andamiaje legal especial. Por ello, enviará en febrero del próximo año la iniciativa correspondiente al Congreso.
Adicionalmente, reconociendo que el campo del “México jodido” del sureste está en la miseria, anunció que publicará un decreto que le dará un trato fiscal diferenciado a los productores de Chiapas, Guerrero y Oaxaca.
Dijo que como el desarrollo del sur no puede seguir esperando más, se tomarán acciones como las siguientes:
Un plan emergente de empleo temporal que beneficiará directamente a más 300 mil familias; 2 mil millones de pesos adicionales en créditos para las pequeñas y medianas empresas, a partir de garantías de la Banca de Desarrollo; programas emergentes de impulso al campo, con una inversión de cuatro mil millones de pesos adicionales en crédito; un programa de renovación y repoblamiento de los cafetales; un programa inmediato de pavimentación para los próximos seis meses, con una inversión de mil 500 millones de pesos…
No faltan los “aguafiestas” quienes afirman, con documento en la mano, que este plan innovador es algo así como una versión corregida y aumentada de un documento -de más de 200 páginas-que elaboró la secretaría de Hacienda en 1998 titulado: “Una Política para el Desarrollo del Sureste Mexicano”.
Los malosos por su parte, preguntan: ¿Quién le vendió al Presidente como nueva la estrategia?