Las multas millonarias que fueron impuestas a servidores y ex servidores públicos por diversas irregularidades administrativas halladas en el caso de la Línea 12 del Metro son proporcionales al daño que se causó a la Hacienda de la Ciudad de México, aseguró el contralor general del Gobierno del Distrito Federal, Hiram Almeida Estrada.
En entrevista para 24 HORAS, el encargado de investigar el caso de la Línea Dorada aseguró que el tema “se ha mediatizado” y defendió la legitimidad de las sanciones económicas, toda vez que éstas causaron polémica por su alto monto, que en total suma 22 mil 504 millones 283 mil 317 pesos.
Sólo el ex director de Obras Civiles del Proyecto Metro, Moisés Guerrero Ponce, acumula una multa por cinco mil 598 millones de pesos, mientras que, de acuerdo a información pública, percibía un sueldo neto mensual de 38 mil pesos, por lo que, con esos ingresos, no estaría en condiciones de pagar la multa que se le impuso.
Almeida Estrada afirmó que no existe el riesgo de que la sanción económica prescriba, aunque admitió que todavía no tienen certeza de cuándo podrán ser cobradas, pues se espera que los ex servidores públicos multados se inconformen ante tribunales por considerar que el monto es desproporcionado.
“Tenemos que esperar los temas judiciales y las determinaciones que nos van a brindar los tiempos. Pueden interponer recursos, hasta que estos se revisen y hasta que nosotros volvamos a presentar las contrademandas, vamos a tener la certeza de los tiempos para pasar a los periodos de ejecución”, señaló.
Tras el periodo de impugnaciones, el GDF llevará a cabo embargos o aseguramiento de cuentas para cobrar las multas impuestas a los funcionarios implicados.
Al cuestionarle si hubo corrupción por parte de los funcionarios implicados, aseguró que “No podemos hablar de un total de corrupción. Hoy estamos sancionando a las gentes que actuaron inadecuadamente, que tomaron decisiones no acertadas, a las que generaron pagos, modificaciones de trazos, pero personas que tenían una responsabilidad específica que no cumplieron”
Empresas en la mira
El titular del órgano de control del Gobierno capitalino confirmó que se tienen auditorías abiertas para analizar el tramo de responsabilidad que pudieran tener el consorcio constructor, conformado por ICA, Carso y Alstom, y las empresas supervisoras en las fallas de la Línea Dorada.
Agregó que en su momento harán llegar toda la información a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, que encabeza José Ramón Amieva, “para que se entablen las demandas correspondientes”.