De las críticas a Wal Mart por su ostracismo en escándalos de corrupción a la actitud de avestruz de Grupo México en el accidente de Río Sonora, sin olvidar el silencio de Televisa frente a la petición de que divulgue el esquema de sueldos de sus actores (y así evitar suspicacias en torno a si hubo o no un patrocinio indirecto de la televisora a la campaña presidencial a través de Angélica Rivera), cada vez hay más voces que demandan mayor apertura por parte de las grandes empresas que operan en México.
La más de las veces, la respuesta a esta demanda se resume así: la empresa no está obligada a dar información o justificar sus decisiones a menos que viole flagrantemente la ley y se le persiga por ello. Es decir, pese a cotizar en la Bolsa, las corporaciones no se asumen como entes de interés público, sino como changarros manejados verticalmente por un grupo cerrado o un mandamás. Es un error cuya semilla ideológica se puede rastrear hasta principios de la década de los 60, cuando el economista Milton Friedman publicó en Capitalism and Freedom el fundamento con el que muchos justifican ideológicamente la ausencia de mecanismos de transparencia y responsabilidad social:
“La empresa no tiene más que una responsabilidad y sólo una: utilizar sus recursos y energía en actividades tendientes a incrementar sus utilidades, a condición de que observe las reglas del juego. La corporación es un instrumento de los accionistas que la poseen. Si la corporación hace algo que no sea en función deincrementar las utilidades, evita que el accionista disponga libremente de la utilización de sus fondos”.
Además de adolecer de una visión idílica del libre mercado, el argumento de Friedman ya no se sostiene por dos razones. Uno, se sustenta en la noción de que una empresa se debe en su totalidad a los accionistas o shareholders, quienes, al ser sus propietarios, poseen el control absoluto de la organización.
A mediados del siglo pasado, cuando los accionistas eran por lo general los fundadores de la compañía, este modelo se ajustaba a la realidad. Hoy, en cambio, los propietarios y directivos de la empresa son inversionistas (mayoritarios o no, están obligados a ser respetuosos de las personas con las que comparten la inversión de la empresa).
Dos, Friedman ve a la organización como un activo físico, sujeto a las leyes de propiedad material. En la actualidad, el valor de una empresareside también en su propiedad intelectual, en sus marcas y patentes, así como en el talento de la fuerza de trabajo quela compone. Aquellas personas que contribuyen con su tiempo y talento al desarrollo de la empresa deberían contar con algunos derechos sobreella.Esta afirmación se complementa con la consolidación del concepto de stakeholder,término que aglutina a todos aquellos actores que se ven afectados por las acciones de la corporación en su objetivo de generar riqueza, independientemente de que se encuentrenvinculados directamente con ella en términos económicos o financieros.
Así, los stakeholders, o partes interesadas, pueden ser personas que forman parte integral de la organización (accionistas, empleados), personajes externos que están vinculadoseconómicamente con ella (clientes, proveedores) y entidades periféricas que influyen en el contexto en que se desempeña (comunidades, asociaciones de consumidores, organizaciones no gubernamentales, políticos).
La legitimidad de una corporación abarca su habilidad para estar a la alturade las expectativas de los diversos constituyentes que contribuyen a su trascendencia. La corporación debe comprometersea crear riqueza para todas sus “partes interesadas”, no sólo para sus accionistas. Pensar lo contrario es argumentar que una corporación debe manejarse de la misma manera que un changarro o una hacienda. Ya no estamos para esos trotes.