La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó que Lázaro Mazón, ex senador y hasta hace poco aspirante por Morena a la gubernatura de Guerrero, gestionó la donación de un predio para facilitar el acceso a Galerías Tamarindos, propiedad investigada por lavado de dinero del narcotráfico al estar a nombre del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca.
Este diario publicó que José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda (identificados como autores intelectuales de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas) tuvieron apoyo político para que la Sedena les donara un predio que facilitara la entrada al centro comercial de su propiedad.
Aunque Lázaro Mazón ha negado públicamente cualquier vínculo con el matrimonio Abarca-Pineda, señalados como operadores del cártel de Guerreros Unidos, la información proporcionada por la Sedena confirma que él pidió a la autoridades militares que donarán el terreno al municipio con el objetivo de construir cuatro vialidades para “servicio de un centro comercial”, el cual es Galerias Tamarindos, propiedad de los Abarca.
La entrega física del inmueble se formalizó el 19 de septiembre de 2005, según consta en el acta correspondiente; el representante de la Sedena fue el coronel de infantería Sergio Armando Barrera Salcedo, comandante del 27 Batallón de Infantería; mientras que la Secretaría de la Función Pública fue representada por el alcalde Lázaro Mazón Alonso.
En las 5.2 hectáreas donadas por la Sedena se construyó el Periférico Oriente de Iguala y áreas verdes que años después serían la entrada a Galerías Tamarindos.
El centro comercial, en el que José Luis Abarca, antes de ser alcalde de Iguala, invirtió 300 millones de pesos en su construcción, es investigado juntó a otras 65 propiedades del ex edil por lavado de dinero.
Aunque la Sedena dio su visto bueno para entregar el predio, al carecer de atribuciones para realizar donaciones, las 5.2 hectáreas se pusieron a disposición de la Secretaría de la Función Pública el 15 de marzo de 2015.
“El predio se puso a disposición del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, dependiente de la Secretaría de la Función Pública. Ello consta en el oficiando girado por el general de brigada, Saúl Bobadilla, jefe de asesoría jurídica del Estado Mayor de la Sedena, a Vicente Anaya, director general del Patrimonio Inmobiliario Federal”.
En el documento, la Sedena informó que “no tenía inconveniente en entregar el predio al municipio, toda vez que se tiene proyectado hacer una obra de interés público”.
Comments are closed.