AUSTIN. La crisis provocada por la llegada masiva de indocumentados, procedentes la mayoría de Centroamérica desesperó al gobernador de Texas, Rick Perry, quien anunció que la Junta Legislativa de Presupuesto, integrada por 10 representantes y senadores estatales, aprobó por unanimidad 86 millones de dólares adicionales para seguridad en la frontera en momentos que comienza a reemplazar unidades ya desplegadas de la Guardia Nacional con policías estatales para frenar el flujo de inmigrantes que intenta entrar por la frontera Texas-México.
Perry dijo que está programado que al menos mil soldados de la Guardia Nacional que el mandatario republicano destinó al Valle del Río Grande regresen a casa en abril.
Texas paga 12 millones de dólares mensuales por los mil soldados que guardan la frontera, por lo que los líderes republicanos quieren reemplazarlos con una mezcla de policías estatales y tecnología, aunque algguno republicanos también mostraron preocupación de que todavía pueda necesitarse a la Guardia nacional debido a consecuencias no intencionales de la decisión ejecutiva del presidente Barack Obama en materia de inmigración.
Los cruces ilegales a lo largo de la zona que divide la frontera entre México y Estados Unidos se han desacelerado drásticamente desde una oleada abrumadora de inmigrantes ocurrida este verano.
Perry dejará el cargo en enero. El gobernador electo Greg Abbott, también republicano, y una nueva Legislatura podrían desechar el plan de financiamiento si tienen diferentes preferencias sobre cuánto gastar y dónde.
Johnson defiende medidas migratorias de Obama
WASHINGTON. El secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, se apresta a decir a los críticos republicanos que los nuevos cambios ordenados por el presidente Barack Obama en materia de inmigración son cosa “de sentido común”.
Johnson defendió las nuevas políticas del gobierno en un testimonio preparado ante la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes. Las medidas ejecutivas anunciadas por Obama hace dos semanas protegen de la deportación a unos 4 millones de inmigrantes no autorizados, mientras hayan estado en el país más de cinco años y tengan hijos que sean ciudadanos estadunidenses o residentes permanentes.
“La realidad es que, dados nuestros limitados recursos, estas personas no son una prioridad para la deportación; es hora de reconocer eso”, dice Johnson en el testimonio. “Esto es cosa de sentido común”.
Los republicanos, que tomaron el control del Congreso en las elecciones legislativas de noviembre, no ven las cosas de la misma manera y han prometido obstaculizar las medidas de Obama, aunque no está claro cómo lo lograrán. Los legisladores, que regresan del feriado de Acción de Gracias, planean reunirse sobre el tema en los próximos días.
En testimonio, Johnson respalda las políticas y reconoce que participó en su formulación. “Recomendé al presidente cada una de las reformas de Seguridad Nacional al sistema de inmigración que ha decidido implementar”, dice Johnson en su texto.