En los últimos dos años la policía del Distrito Federal mantiene una actuación sistemática que atenta a los derechos humanos de los manifestantes al detenerlos arbitrariamente, agredirlos e incluso torturarlos, por eso organizaciones civiles exigen un diálogo público con el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, y la destitución del secretario de Seguridad Pública, Jesús Rodríguez Almeida.

 

Sin negar la existencia de “minorías” que realizan actos vandálicos en protestas pacíficas, activistas e integrantes de la Asociación de Abogados Democráticos (ANAD) acusan que es la misma autoridad federal y local la que busca criminalizar la manifestación en una ciudad donde hasta el inicio de esta administración no se había radicalizado ese fenómeno.

 

“No se trata de un asunto de protocolos o de un mejoramiento de la intervención, es una actuación sistemática del cuerpo policial de violaciones a derechos humanos y justamente por ese actuar se tiene que destituir inmediatamente al titular de la Policía capitalina”, acusó Karla Michel Salas Ramírez, presidenta de la ANAD.

 

En entrevista con 24 HORAS, la también activista señaló que diversas organizaciones sociales encargadas de documentar el abuso policial y las detenciones arbitrarias de las últimas manifestaciones, han solicitado un diálogo público con el jefe de gobierno del DF a fin de establecer las garantías y los derechos de los manifestantes.

 

“Antes la ciudad era un espacio donde se podían expresar las diferentes ideas y demandas sin ser criminalizadas, pero desde la llegada de este jefe de gobierno la situación ha cambiado negativamente, se están vulnerando los derechos y se criminaliza la protesta social, queremos que haya una respuesta contundente y clara para evitar que el próximo sábado se repitan estas violaciones”.

 

Para David Peña Rodríguez, integrante de la ANAD y uno de los defensores de los detenidos el pasado 20 de noviembre, insistió en que la destitución del titular de la SSP-DF significaría una señal positiva a la ciudadanía de que el gobierno busca modificar los patrones que se hacen presentes en cada marcha.

 

“Otra vez y como lo vemos en cada manifestación, los policías actúan descoordinados, sin una lógica de intervención para detener o aislar a quienes causan desmanes, y aun cuando los tienen, los golpean. No decimos que no intervengan, pero hay una normatividad que tiene que cumplir y respetar los derechos de los detenidos, indistintamente si esas personas cometieron un delito o no”, dijo a este diario Peña.

 

“Es lamentable que el secretario salga a aplaudir a sus funcionarios por su actuación del 20 de noviembre cuando tenemos los videos, las evidencias donde se ve que cómo golpean a niños, mujeres. Es una actitud cínica donde está reconociendo que los policías golpeen a personas que no tienen nada que ver con la protesta”, abundó.

 

Alistan demanda

 

Por la responsabilidad patrimonial del estado mexicano derivado de la actuación de funcionarios federales y locales (del DF), defensores de los detenidos durante la manifestación del 20 de noviembre alistan una demanda que busca la indemnización, reparación del daño y una disculpa pública de altos funcionarios de la PGR y la Secretaría de Gobernación.

 

De acuerdo con Karla Salas Ramírez a más tardar dentro de 15 días, la defensa de las 11 personas que fueron detenidas y enviadas a penales de máxima seguridad, estarían presentando dicha demanda en la cual se buscaría la incorporación de del estándar internacional establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

 

“Fueron detenciones arbitrarias por parte de la Policía capitalina, a quienes hemos señalado que indebidamente se los entregó a la policías federales, lo que dio lugar a una integración deficiente por parte de la PGR que se tradujo en una consignación que llevo a estas personas a penales de máxima seguridad. Hay coparticipación de ambas autoridades”, acusó la abogada.