La fracción del PAN en la Cámara de Diputados presentó ayer una iniciativa para garantizar que quien cometa el delito de desaparición de personas sea sancionado conforme a los tratados internacionales suscritos por el gobierno mexicano.

 

“Tiene por objeto expedir la normatividad encargada de prevenir la desaparición forzada y establecer los tipos y punibilidades en la materia”, explicó la legisladora federal proponente Raquel Jiménez Cerrillo (PAN).

 

“Los delitos en dicho ámbito serán calificados como graves, se perseguirán de oficio y no serán susceptibles de indulto, amnistía o figuras análogas, ni se le considerará de carácter político para los efectos de extradición”, expresó a 24 HORAS.

 

La diputad federal por Querétaro explicó que serán las instituciones públicas de protección a los derechos humanos quienes estarán facultadas para que, por oficio o mediante petición de la parte ofendida, denuncien y coadyuven ante el ministerio público en la investigación y persecución del responsable de este delito.

 

“Esta modificación a la Ley situará las atribuciones exclusivas que tendrán cada una de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, puntualizará los tipos de delito e impondrá las sanciones aplicables correspondientes”, detalló.

 

La iniciativa, respaldada por los 114 diputados del grupo albiazul, contempla crear una Fiscalía Especializada adscrita a la Procuraduría General de la República, y la capacitación de policías especializados en esta materia.

 

“Se puede llegar a considerar que en circunstancias de una violación grave generada por la delincuencia, la falta de investigación inmediata y seria por parte del Estado hace considerar que la autoridad, al menos, permite o tolera las desapariciones”, abundo.

 

La diputada ponente advirtió en la necesidad de que el Estado mexicano cumpla con los criterios de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

 

Por ello, agregó, es necesario crear una base de datos que contengan los registros de ADN de restos humanos encontrados y de los familiares de las víctimas, a fin de cotejarlos y, en su momento, determinar la identificación de alguna víctima.

 

Desde el pasado 26 de septiembre, el gobierno federal presenta una crisis derivado de la desaparición forzada de 43 alumnos de la escuela normal rural Raúl Isidro burgos, quienes presuntamente fueron privados de su libertad por elementos de la policía municipal de Iguala, Guerrero.

 

La iniciativa fue presentada ayer ante el pleno legislativo y fue turnada a las comisiones correspondientes para que sea analizada y discutida en los próximos días.