A nombre de un grupo de senadores y con el respaldo de organizaciones de la sociedad civil, la senadora Arely Gómez González presentó la iniciativa por la que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ordenamiento complementario de la reforma constitucional aprobada en noviembre del año pasado.
Al presentar el proyecto, en el que participaron organizaciones como Red por la Rendición de Cuentas, Colectivo por la Transparencia y México Infórmate, la senadora explicó que con esta ley se garantizará el derecho de la ciudadanía a obtener información de cualquier dependencia y organismo a nivel federal, estatal y municipal; órganos autónomos; partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos.
“El principal objetivo es garantizar el derecho humano a la información de todos y cada uno de los habitantes de nuestro país. La transparencia debe ser un principio del actuar gubernamental”, declaró la legisladora del PRI.
El proyecto que fue turnado a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana y Estudios Legislativos Segunda, precisa que toda la información en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona y se establece la prohibición de clasificar como reservada aquella información relacionada con violaciones graves a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad.
Además se determina la creación de unidades y comités de transparencia para todos los sujetos obligados, que tendrán la tarea de dar trámite a las solicitudes de información de los ciudadanos. Además de plantear la instauración de un Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, sistema que homologará los procedimientos, criterios y lineamientos, para que los ciudadanos tengan acceso a la información pública.
Se estaría implementando también una Plataforma Nacional de Transparencia para la gestión de solicitudes de acceso a la información; medios de impugnación; y portales de obligaciones de transparencia.