México se ubicó este año como el más corrupto entre los países miembro de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
Según el Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional, la tendencia respecto a su calificación de 2013 no varió mucho, pues sólo pasó del lugar 34 al 35, ubicándose en este año en la posición general 103 de una evaluación a más de 170 países.
De acuerdo con el análisis, de las 34 naciones que integran la OCDE nuestro país fue el que recibió la peor calificación, y aunque sólo modificó su posición en un punto, la ONG señala que no se puede considerar un cambio significativo hasta que se trate de una calificación distinta por cuatro puntos porcentuales, por tanto, la situación mexicana en la materia no ha mejorado.
Respecto a su ubicación dentro de otros países de América latina, México se encuentra 30 posiciones abajo de Brasil, uno de sus principales competidores económicamente hablando, que se ubica en el lugar 69, y está 82 lugares abajo de Chile, el país de la región latinoamericana mejor evaluada; 18 debajo de Perú y nueve puntos debajo de Colombia.
Ante esa amplia brecha entre México y las principales economías con las que compite Transparencia Internacional advirtió que sólo un cambio en la estrategia anticorrupción permitirá que el país abandone la posición de estancamiento en cuanto al nivel de corrupción dentro de sus instituciones y por ende de sus servidores públicos que actualmente persiste.
El representante de Transparencia Internacional en América, Alejandro Salas, urgió a que el país requiere de la creación de una Fiscalía Anticorrupción, con órganos internos y externos de control y fiscalización, que cuenten con independencia, así como un Tribunal Federal de Responsabilidades para los tres órdenes de gobierno.
Dentro de las propuestas que también hace la organización para revertir el fenómeno de corrupción es el concretar un “blindaje electoral” para las próximas elecciones de 2015, donde los aspirantes a puestos de elección popular hagan públicas sus declaraciones patrimoniales, y de impuestos, así como una declaración pública de potencial conflicto de intereses.
Un gobierno abierto a la información y rendición de cuentas es otra sugerencia que hace la organización, el cual puede establecerse bajo una política nacional de “datos abiertos”, donde las acciones gubernamentales reflejen auténticas prácticas transversales y generales.
“Esto ha llevado a un aumento en el número de países que han adoptado leyes de acceso a la información y se han unido a iniciativas como la Alianza por los Gobiernos Abiertos. Sin embargo, los grandes esquemas de corrupción que involucran a individuos del más alto nivel de poder y la falta de sanciones a los corruptos continúan prevaleciendo en América”, advirtió Salas a través de un comunicado.
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