En México el camino más corto para solucionar problemas es el más largo. El decálogo de propuestas presidenciales para encarar la crisis provocada por el caso Iguala-Ayotzinapa no va a funcionar no tanto por sus medidas sino por los procedimientos: es una propuesta presidencial.
Por la profundidad de la crisis, un paquete de medidas unidireccionales nunca funciona por tres razones: tiene que pasar el filtro de las negociaciones legislativas, depende de la credibilidad del presidente en la circunstancia y las propuestas tienden a tapar hoyos y no a atender estructuras.
La crisis de Iguala-Ayotzinapa era la gran oportunidad para la reorganización de los acuerdos plurales. Sin embargo, la propuesta presidencial fue unidireccional y tendrá que atravesar no sólo por el enjuiciamiento en los medios sino por las bancadas legislativas en pie de guerra por agendas propias: el PAN para revalidar a Calderón y el PRD para lavarle las manos manchadas de sangre a la tribu “Aguilar Talamantes”-Los Chuchos.
Si el problema de Iguala-Ayotzinapa fue asumido como un problema de Estado, el presidente de la república debió de haber actuado como jefe de Estado y no como jefe de gobierno o titular del Poder Ejecutivo federal. Y más aún cuando la parte central de las propuestas habrá de pasar por los espacios de negociación de las bancadas legislativas.
Por tanto, el modelo de definición de las propuestas debió ser otro. La profundidad de la crisis, el secuestro y asesinato de 43 normalistas, la responsabilidad del PRD y la urgencia de reorganizar todo el aparato de seguridad y justicia exigían un acuerdo previo entre todas las fuerzas políticas. El modelo de los Pactos de la Moncloa de España era el ideal: a partir de la iniciativa del presidente Suárez, todas las fuerzas políticas negociaron en el esquema de suma positiva -todos ganan- un paquete integral de reformas del modelo de desarrollo, incluyendo la democracia y la reforma penal y de justicia.
Los Pactos de la Moncloa no pasaron por el debate legislativo sino que llegaron como reformas acordadas. Las propuestas de reformas del presidente Peña Nieto fueron dejadas al libre juego de las fuerzas de la crítica, sin reuniones con medios y comentaristas; los partidos las usaron para reforzar la idea de culpabilidad del gobierno federal en una crisis que era del PRD y las bancadas legislativas las zarandearon aún antes de que llegaran como iniciativas formales.
Así, las reformas presidenciales serán deslavadas en el Legislativo, desacreditadas en los medios y cuestionadas por las víctimas. Unas se aprobarán y otras no, cuando su eficacia dependía de su apreciación articulada unas de otras. La mayoría minoritaria del PRI no le alcanzará para darle integralidad a las reformas y el acuerdo en comisiones y pleno tendrá que conceder algunas partes.
Y la parte más importante es que las reformas debieron de elevar la mira hacia una reforma del sistema político pero se quedaron en lo procedimental de corto plazo.
Las reformas debieron ser el paso hacia una instauración democrática que el PAN y el PRD no supieron entender en el 2000 y en el 2006. Y lo más grave es que las reformas que salgan no van a contribuir a resolver la crisis de seguridad porque la crisis es de sistema político.