Los grupos parlamentarios del PAN y del PRD en el Senado se confrontaron por el contenido de la minuta que ayer recibieron de la Cámara de Diputados, a través de la cual se reforman los artículos 11 y 73 constitucionales para establecer nuevas disposiciones en materia de movilidad universal, además de facultar al Congreso a expedir leyes en esta materia.
Tras la recepción de este proyecto, que de inmediato fue turnado a las comisiones correspondientes, la bancada del PRD, encabezada por su vicecoordinadora, Dolores Padierna Luna, denunció que esta reforma permitirá al Estado acotar, prohibir y controlar el derecho a realizar marchas y manifestaciones, al facultar a la autoridad para establecer los lugares o espacios en donde las personas podrían realizar este tipo de movilizaciones.
“Restringir los derechos fundamentales forma parte de una visión antidemocrática, autoritaria y representa una regresión en uno de los derechos constitucionales más preciados, como lo es el libre tránsito”, manifestó la senadora.
Padierna fue secundada por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña Gómez, quien aseguró que hay una “malévola intención” de tergiversar la movilidad humana al pretender relacionarla con las manifestaciones y protestas públicas.
En contraparte, el senador del PAN, Javier Lozano Alarcón negó que esta reforma limite las libertades de expresión y de manifestación, al afirmar que no hay ninguna relación entre la movilidad universal y el derecho de reunión de los ciudadanos.
En su carácter de presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, (una de las comisiones a la que se turnó la minuta) señaló que “aquí nadie está siquiera sugiriendo el que se le den instrumentos de tinte autoritario al gobierno de la República, a ninguno de los tres órdenes de gobierno”.
Sin embargo, Lozano aprovechó para advertir que la libre expresión de las ideas no puede causar daños a terceros, por lo que agregó: “Qué bueno que se le vayan a otorgar facultades constitucionales al Congreso de la Unión para legislar en está materia (…) so pretexto de esa libre expresión de las ideas se está alterando el orden público, el orden social, dañando la propiedad privada, afectando a terceros y eso es inadmisible”.
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