La propuesta enviada por el Poder Ejecutivo sobre las reformas constitucionales en materia de seguridad pública fue cuestionada por diversas organizaciones, académicos, líderes de sociedad civil y ciudadanos, quienes llamaron que se haga una amplia consulta, así como a que se haga un diagnóstico de las policías estatales, entre otros.
En un comunicado conjunto, los ciudadanos expresaron que la propuesta implica una transformación radical del sistema nacional de seguridad pública, que conducirá a una redistribución mayúscula de poderes, facultades y recursos y obligaría a un rediseño administrativo de gran calado, difícilmente reversible.
“El país está convulsionado por la incapacidad del Estado para cumplir con su función básica: proteger la vida de los ciudadanos”, esto tras los hechos de Iguala, indican en el documento, y por lo que hacen énfasis en la falta de una reflexión sobre dicha propuesta.
Indicaron que “es indispensable someter la iniciativa a consulta, evaluación y deliberación”; así mismo recalcaron que ésta no ha sido discutida en el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), ni debatida en la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública ni en la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal.
Hicieron notar que además no cuenta con una estimación del impacto presupuestal de la creación de policías estatales únicas, ni se ha realizado una evaluación sistemática de las experiencias de mando único en diversas entidades, entre otros.
Por ello solicitaron que los gobiernos estatales aceleren la implementación del modelo policial de ley; el Congreso de la Unión inicie un proceso amplio de consulta.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, produzca un diagnóstico del estado de las policías estatales, una estimación del impacto presupuestal, una evaluación de las experiencias de mando único en diversas entidades del país y un análisis comparado de ejemplos internacionales.
Indicaron que aunque entre ellos no hay una posición unificada sobre la iniciativa, todos están de acuerdo en que la transformación propuesta amerita una deliberación informada.
Punto por punto
Dada la magnitud de los cambios propuestos, es indispensable someter la iniciativa a consulta, evaluación y deliberación. Ese proceso está pendiente. Es importante recordar que:
- La iniciativa no ha sido discutida en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), órgano rector en la materia.
- Tampoco ha sido debatida en la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública ni en la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal.
- La implementación del sistema de desarrollo policial, mandatado en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sigue pendiente en la mayoría de las corporaciones policiales del país.
- La Comisión Especial de Desarrollo Policial, creada en la última sesión del CNSP para el establecimiento, de estándares profesionales mínimos en las policías, aún no ha presentado una estrategia de acción.
- No se cuenta con una estimación, así sea gruesa, del impacto presupuestal de la creación de policías estatales únicas.
- No se ha realizado una evaluación sistemática de las experiencias de mando único en diversas entidades federativas del país ni de ejemplos internacionales de reforma policial.
- Las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones académicas y los especialistas en la materia no han sido consultados formalmente sobre la iniciativa.
En ese escenario, resulta imposible un debate informado sobre un tema de primerísima trascendencia. Por ese motivo, solicitamos que:
- Los gobiernos estatales aceleren la implementación del modelo policial mandatado por ley
- El Congreso de la Unión inicie de inmediato un proceso amplio de consulta con académicos, especialistas y organizaciones de la sociedad civil.
- El Consejo Nacional de Seguridad Pública y las conferencias nacionales correspondientes se pronuncien formalmente sobre la iniciativa antes de su discusión en el terreno legislativo.
- El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en colaboración con instituciones académicas y especialistas, produzca 1) un diagnóstico del estado que guardan las policías estatales, 2) una estimación del impacto presupuestal de las medidas propuestas, 3) una evaluación de las experiencias de mando único en diversas entidades del país, y 4) un análisis comparado de ejemplos internacionales de reforma policial.